Cinco organizaciones yerbateras de Misiones llevan al Directorio un informe de 110 páginas contra el reordenamiento que impulsa la Nación. El punto que más preocupa: qué documento les quedará para acreditar los kilos de hoja verde que entregan.
Las cinco organizaciones que nuclean a los productores primarios de Misiones ya tienen todo listo para sentarse frente al Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). El objetivo es concreto: frenar el proyecto de reordenamiento normativo que impulsa el Gobierno nacional y que, según advierten, podría dejar a los agricultores sin herramientas clave para controlar la hoja verde que entregan a los secaderos.
El planteo llegará acompañado por un informe técnico de 110 páginas que analiza, una por una, las consecuencias de eliminar 21 resoluciones vigentes. La presentación está prevista para la próxima semana, posiblemente el martes 17 de noviembre, y la llevarán adelante representantes de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM), Impulso Yerbatero, la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay (AYAU), Productores Yerbateros del Norte (PYN) y el Movimiento Agrario de Misiones (MAM).
El documento, al que accedió Primera Edición, compara las disposiciones actuales con los mecanismos que pretende incorporar la Nación. Se divide en cinco capítulos que recorren registros, trazabilidad, inspecciones, sanciones, calidad de la materia prima y condiciones de cosecha.
Qué propone el Gobierno y por qué el sector dice que no es solo “simplificar trámites”
La iniciativa oficial se presentó en septiembre, con funcionarios de las áreas de Desregulación, Agricultura y SENASA. Su objetivo declarado es simplificar los procedimientos administrativos, digitalizar la información y reorganizar las tareas de fiscalización.
Las entidades productivas no lo ven así. Sostienen que los cambios exceden una simple actualización de trámites porque modificarían la capacidad del Instituto para obtener información propia y controlar las operaciones de todos los eslabones de la cadena.
El tratamiento de la propuesta sigue pendiente. La reunión extraordinaria del Directorio del 3 de noviembre terminó sin una definición y el tema quedó sobre la mesa.
El comprobante de recepción, el punto más caliente
Uno de los ejes más sensibles del informe es la eliminación del régimen de documentación de movimientos de yerba mate que establece la Resolución 9/2017. Esa norma contempla instrumentos que registran no solo el traslado de la hoja verde desde la chacra hasta la industria, sino también la cantidad que efectivamente recibe el secadero.
Entre esos instrumentos está el comprobante de recepción, que identifica al productor, al establecimiento receptor, la fecha de entrega y los kilogramos reconocidos. Sirve como respaldo comercial y resulta clave cuando aparecen diferencias de peso, descuentos o discusiones por los volúmenes entregados.
El proyecto nacional propone usar como fuente principal el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e), que administra el SENASA. Para el análisis técnico, hay una diferencia de fondo: el DTV-e documenta el movimiento de mercadería entre dos puntos, mientras que el comprobante del INYM acredita la recepción efectiva de la materia prima.
“La desaparición del comprobante de recepción, sin un instrumento equivalente, deja al productor sin el documento específico que acreditaba los kilogramos entregados”, advierte el informe.
Por eso, las organizaciones exigirán que se explique qué herramienta reemplazará ese respaldo y cómo se resolverán las diferencias entre lo transportado y lo reconocido al momento de la descarga.
La preocupación también alcanza a la yerba canchada. La normativa vigente prevé mecanismos de identificación de bolsas, fechas de elaboración y movimientos internos en los depósitos. El documento sostiene que el nuevo sistema no desarrolla procedimientos equivalentes para reconstruir el recorrido del producto una vez que ingresa a un establecimiento, sobre todo cuando hay mezclas, fraccionamientos o traslados.
Los registros que el INYM dejaría de tener
El estudio cuestiona además la posible eliminación de registros que permiten conocer la estructura productiva de la actividad. Uno es el Registro de Yerbales, creado por la Resolución 366/2016, que dio lugar a un sistema de información geográfica con datos de ubicación de plantaciones, superficie cultivada, densidad y porcentaje de fallas. La herramienta se nutre de relevamientos satelitales, imágenes aéreas y verificaciones de campo para contrastar lo declarado por los productores.
El reordenamiento reemplazaría ese esquema por datos que provendrían principalmente del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), que maneja el SENASA. Para los autores del informe, la información declarada ante otro organismo no reemplaza la capacidad del Instituto para verificar directamente las características y dimensiones de las plantaciones.
También se cuestiona la desaparición del Registro de Viveros y los cambios en la identificación de plantas industriales y depósitos, herramientas que permiten estimar la capacidad instalada y las posibilidades de crecimiento de la producción. El análisis advierte que esas modificaciones podrían afectar la elaboración de estadísticas propias y las proyecciones sobre la oferta futura de materia prima.
Las entidades pedirán precisiones sobre la conservación de los registros históricos y los procedimientos para detectar inconsistencias entre lo que declaran los operadores y la realidad productiva.
El límite de 80 kilos para los raídos y la cosecha mecanizada
Otro apartado del documento pone el foco en las condiciones de trabajo de los tareferos. La Resolución 10/2017 establece obligaciones de manipulación y transporte de la materia prima, restricciones sobre productos fitosanitarios y un límite de 80 kilogramos para los raídos, salvo cuando su acarreo y carga se hacen con carros de arrastre y guinches.
Según el análisis, la propuesta nacional elimina ese reglamento sin incorporar un régimen específico que reproduzca sus disposiciones. Los productores pedirán explicaciones sobre qué normativa garantizará la continuidad de las condiciones actuales, en particular las vinculadas al esfuerzo físico durante la cosecha.
El informe también examina la eliminación del Registro de Cosecha Mecanizada, creado en 2023 para relevar la cantidad de máquinas, sus capacidades operativas, los volúmenes recolectados y el número de trabajadores que intervienen. Esa información permite estudiar el avance de la mecanización y su relación con la demanda de mano de obra rural. Su posible desaparición abre interrogantes sobre cómo se medirá el impacto de la tecnología en las chacras y qué organismo quedará a cargo de reunir esos datos.
Inspecciones, multas en pesos y controles de calidad
La presentación incluirá observaciones sobre los procedimientos de fiscalización que hoy usa el INYM. Según el documento, el proyecto conservaría atribuciones generales para inspeccionar, recibir denuncias y aplicar medidas preventivas, pero no reproduciría varios mecanismos específicos de la normativa vigente.
Entre ellos menciona los protocolos de toma de muestras, los procedimientos de contraverificación, los instrumentos para documentar irregularidades y las garantías de reserva de identidad para quienes denuncian incumplimientos. Las organizaciones consideran clave preservar este último punto, porque los productores pueden quedar expuestos a represalias comerciales cuando cuestionan operaciones de otros integrantes de la cadena.
También hay cambios en el sistema sancionatorio. El proyecto mantendría la clasificación de infracciones leves, moderadas y graves, pero reemplazaría las multas calculadas sobre cantidades de yerba canchada por sanciones determinadas en pesos. El informe reclama criterios objetivos para calcular esos importes y que las penalidades guarden relación con la gravedad de cada incumplimiento.
En materia de calidad, el análisis examina la eliminación de disposiciones que regulan los procedimientos de muestreo, los análisis microbiológicos, los controles de contaminantes y la intervención preventiva de mercadería que no reúne las condiciones exigidas.
Las observaciones también alcanzan a la yerba canchada importada, para la cual existen obligaciones específicas de información, identificación y verificación sanitaria. Los productores solicitarán que se determine qué organismo asumirá cada responsabilidad y qué herramientas técnicas se usarán para impedir la circulación de materia prima fuera de estándar.
Preguntas y pedidos de documentación antes de cualquier aprobación
El reclamo no se limita a pedir la suspensión del tratamiento. El informe contiene una extensa serie de preguntas al Directorio y pedidos de documentación para conocer cómo funcionarían los mecanismos que reemplazarían a las resoluciones vigentes.
Una de las principales exigencias será acceder al proyecto completo del convenio de intercambio de información entre el INYM y el SENASA, con sus anexos técnicos, protocolos y procedimientos de verificación. El documento señala que la sustitución de las declaraciones juradas mensuales dependería de la implementación de ese acuerdo y de decisiones administrativas posteriores.
También cuestiona que ciertas definiciones operativas puedan quedar bajo la órbita de la Presidencia del organismo sin que el Directorio conozca antes todos los detalles técnicos del sistema.
Otra preocupación está vinculada con el Convenio de Corresponsabilidad Gremial, que administra aportes destinados a la seguridad social de los trabajadores rurales. El informe advierte que su funcionamiento dependería de la eficacia del intercambio de datos para controlar operaciones, retenciones y pagos. Las organizaciones quieren saber cómo se garantizará la continuidad de esos procedimientos y qué recursos técnicos y humanos estarán disponibles para sostenerlos.
La documentación también reclama estudios comparativos sobre las consecuencias de cada modificación, información sobre los registros que se conservarían y un cronograma de implementación que permita evaluar los sistemas alternativos antes de eliminar los actuales.
