Ushuaia: la Provincia redobla la ofensiva judicial por el puerto y apunta contra la intervención
El jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Jorge Canals, denunció que la intervención federal del Puerto de Ushuaia impide las inspecciones laborales y ambientales. «Quieren ser un principado», ironizó. Qué medidas judiciales analiza la Provincia.
El jefe de Gabinete de Tierra del Fuego, Jorge Canals, salió con los tapones de punta contra la decisión del Gobierno nacional de extender la intervención federal del Puerto de Ushuaia. Advirtió que la Provincia no se quedará de brazos cruzados y que profundizará las acciones judiciales y administrativas para recuperar la administración del enclave portuario.
El funcionario puso el foco en la negativa de las autoridades portuarias a permitir inspecciones laborales y ambientales. Según su lectura, esa resistencia busca que el puerto funcione al margen de los organismos de control provinciales.
«Quieren ser un principado»
Canals fue tajante al describir la postura de la intervención: «Esta intervención lo que quiere es que nadie la controle», disparó, en referencia a los impedimentos que encontraron los inspectores del Ministerio de Trabajo y de las áreas ambientales para ingresar a las instalaciones.
El jefe de Gabinete explicó que las actuaciones laborales se originaron en denuncias sobre las condiciones en que se desempeñan los trabajadores dentro del puerto. Aclaró que se trata de inspecciones de rutina, iguales a las que se hacen en cualquier comercio o industria de la provincia, y por eso consideró que la resistencia de las autoridades nacionales no tiene justificación.
«Parecería que quieren ser un principado dentro de la propia Provincia de Tierra del Fuego, que tenga sus propias leyes, sus propios controles», ironizó. Y ratificó que el Gobierno provincial no renunciará a sus facultades de fiscalización.
En esa línea, anticipó que el Ministerio de Trabajo volverá a presentarse en el puerto y que, si la negativa persiste, avanzarán las acciones legales que correspondan. Sobre una eventual clausura o inhabilitación de actividades portuarias por riesgo para los trabajadores, aclaró que serán las autoridades laborales las que evalúen las medidas según las irregularidades que se constaten. También confirmó que las inspecciones ambientales seguirán su curso y remarcó que la intervención federal no puede desconocer las competencias provinciales.
Nuevas presentaciones judiciales
Respecto de la ampliación de la intervención, Canals cuestionó que Nación haya decidido prolongar una medida que, a su entender, nunca estuvo debidamente justificada. Recordó que la intervención original se basó en supuestos problemas de seguridad de las instalaciones, pero sostuvo que, después de casi diez meses, no se ejecutaron obras significativas que sostengan aquellos argumentos.
«No han hecho nada más que llevarse todos los recursos que tienen que ver fundamentalmente con la Provincia de Tierra del Fuego», denunció.
El funcionario explicó que el Gobierno provincial mantiene varias presentaciones judiciales y que recientemente pidió un pronto despacho a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para obtener una definición sobre el amparo presentado contra la intervención. Además, reveló que analizan nuevas acciones legales porque la ampliación de la medida nacional pretende avanzar sobre más sectores que hoy están bajo jurisdicción provincial.
Canals también destacó la actuación de la Fiscalía de Estado y del Tribunal de Cuentas, y defendió la potestad de este último para fiscalizar los recursos públicos que genera la actividad portuaria.
Recursos, obras y el costo de la seguridad
Otro de los ejes de sus declaraciones fue el destino de los ingresos del puerto. Canals sostuvo que los recursos que deberían ingresar a la Dirección Provincial de Puertos están siendo administrados por organismos nacionales, sin información suficientemente clara sobre su utilización.
Aseguró que, pese al tiempo transcurrido desde la intervención, no observó trabajos de infraestructura relevantes ni proyectos concretos que justifiquen la continuidad de la administración federal. También cuestionó el anuncio de un plan de obras hasta 2028, al señalar que no se precisaron las fuentes de financiamiento ni se presentaron licitaciones que permitan verificar su ejecución.
«No vi una máquina trabajando adentro, no vi un ingeniero, no vi un arquitecto, no vi nada», afirmó.
En contrapartida, cuestionó las contrataciones realizadas durante la intervención y aseguró que el servicio de seguridad estaría costando entre tres y cuatro veces más que antes. Para el jefe de Gabinete, la ausencia de mejoras concretas demuestra que los argumentos originales para intervenir el puerto perdieron sustento.
Diálogo con Nación y disputas internas
Canals reveló que, apenas dos días antes de conocerse la ampliación de la intervención, había mantenido conversaciones con funcionarios del Ministerio del Interior y de la Jefatura de Gabinete nacional para establecer mesas de trabajo destinadas a superar el conflicto. Por eso consideró particularmente contradictoria la decisión de prolongar la medida mientras los canales de negociación seguían abiertos.
Atribuyó esa situación a la existencia de diferentes posiciones dentro del propio Gobierno nacional y sostuvo que las disputas internas podrían estar influyendo en las decisiones sobre el puerto fueguino.