Nación suelta seis obras de agua y cloacas en Tierra del Fuego: qué deberá pagar la Provincia
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Nación suelta seis obras de agua y cloacas en Tierra del Fuego: qué deberá pagar la Provincia

La firma del Decreto Provincial 2007/26 formalizó el retiro del financiamiento nacional de seis obras de agua y cloacas en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. La Provincia deberá pagar a las contratistas y renunciar a reclamos: qué obras quedan en la mira.

El Gobierno nacional formalizó el retiro del financiamiento de seis obras de agua potable y saneamiento distribuidas entre Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, y la Provincia deberá hacerse cargo de los compromisos que quedaban pendientes con las empresas contratistas. El argumento oficial es la preservación del equilibrio fiscal.

La decisión quedó plasmada en dos acuerdos que el Ejecutivo provincial ratificó con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Los proyectos involucrados tienen distintos grados de avance y, desde ahora, los compromisos que antes asumía el Estado nacional pasan a las cuentas de Tierra del Fuego.

El decreto y las firmas

La medida se instrumentó a través del Decreto Provincial 2007/26, del 13 de noviembre, firmado por la vicegobernadora Mónica Urquiza en ejercicio del Poder Ejecutivo. Los convenios llevan la firma del ministro provincial de Obras y Servicios Públicos, Martín Moreyra, y del secretario de Obras Públicas de Nación, Bernardo Heredia. El expediente fue remitido a la Legislatura para su intervención constitucional.

Del lado nacional, la rescisión se enmarca en la política de reducción del gasto público de la administración de Javier Milei. Los fundamentos sostienen que el equilibrio fiscal es una premisa irrenunciable y que los programas de financiamiento deben revisarse bajo criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad fiscal. Ese razonamiento se conecta con la reorganización del Estado iniciada mediante el DNU 70/2023.

El encuadre general es el acuerdo marco celebrado entre ambas jurisdicciones en julio de 2024, que fijó las condiciones para redistribuir responsabilidades sobre obras públicas. En ese contexto, durante 2026 la Provincia pidió formalizar el traspaso de los proyectos.

Los convenios originales se habían suscripto a través del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo disuelto en noviembre de 2024 y cuyas competencias pasaron al Ministerio de Economía nacional.

Las seis obras, una por una

El primer acuerdo abarca cinco intervenciones que ejecuta la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (DPOSS): la planta de tratamiento de efluentes cloacales del macizo 154 y la ampliación de la planta Tahá, ambas en Tolhuin; la construcción del azud del arroyo Buena Esperanza y la ampliación de la planta potabilizadora Malvinas Argentinas del Río Pipo, en Ushuaia; y la nueva planta de pretratamiento del emisario submarino de Río Grande.

El segundo convenio corresponde a la nueva planta de tratamiento de efluentes cloacales Arroyo Grande, en Ushuaia, pensada para mejorar el tratamiento de líquidos residuales y reducir el impacto ambiental.

Los estados de avance son desparejos. La ampliación de la planta Tahá de Tolhuin registra un 24,73%, mientras que la planta de efluentes Arroyo Grande alcanza el 92,52%, aunque todavía tiene compromisos pendientes para su finalización. La ampliación de la potabilizadora Malvinas Argentinas muestra un avance físico del 6,98%, pero es la única que ya cuenta con una fuente alternativa de financiamiento: un aporte comprometido de 19.857,5 millones de pesos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP).

Lo que la Provincia acepta pagar y a qué renuncia

Según los acuerdos, la Provincia deberá abonar a las contratistas los montos pendientes hasta la finalización y recepción definitiva de las obras. También tendrá que realizar las gestiones administrativas, técnicas y presupuestarias para garantizar su continuidad, aunque conserva la posibilidad de rescindir los contratos de ejecución.

Nación mantiene facultades de auditoría sobre los fondos ya transferidos y exige rendiciones de su uso. Si alguna obra no se completa, los anticipos no aplicados deberán regularizarse y los eventuales remanentes reintegrarse con actualización según la tasa activa del Banco Nación.

Una de las condiciones más relevantes es que la Provincia se compromete a mantener indemne al Estado nacional frente a demandas, sanciones, daños y costas judiciales derivados de los convenios. Además, renuncia a reclamos administrativos o judiciales por mayores costos, redeterminaciones de precios, obras no certificadas y otros conceptos vinculados con la ejecución.

Con ese esquema, Nación no solo deja de financiar los trabajos pendientes: también busca limitar su exposición a futuras controversias económicas. La Provincia, en tanto, asume obligaciones financieras y restricciones para reclamar compensaciones.

Mientras el Gobierno nacional presenta la rescisión como parte de un ordenamiento fiscal inmodificable, las consecuencias concretas recaen sobre los habitantes y el medio ambiente de Tierra del Fuego. El equilibrio de las cuentas nacionales se consigue, una vez más, desplazando compromisos hacia la Provincia, que ahora deberá encontrar los recursos para terminar obras proyectadas con financiamiento federal.

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