Una jueza vio 34 pedidos de embargo del mismo hombre y encendió la alarma
Una jueza de Tartagal tenía sobre su escritorio decenas de pedidos de embargo firmados por el mismo hombre. Cuando miró los números, entendió que algo no cerraba y dio un paso inesperado.
La Justicia de Tartagal puso la lupa sobre un entramado de préstamos con intereses que escapan a cualquier parámetro bancario. Una jueza civil y comercial detectó que una misma persona reclamaba embargar los bienes de decenas de vecinos y decidió derivar el caso a la justicia penal para que se investigue una posible red de usura.
El expediente quedó en manos del fiscal Rafael Medina, del distrito Norte Tartagal, tras la intervención del Procurador general de la provincia, Pedro García Castiella. La causa busca determinar si se cometieron los delitos de usura, previsto en el artículo 175 bis del Código Penal, e intermediación financiera no autorizada, contemplado en el artículo 310.
El origen de la sospecha
Todo comenzó en el juzgado de María Eugenia Hernández Berni. La magistrada recibió una serie de presentaciones de un particular que pedía trabar embargos sobre sueldos, viviendas y vehículos de unas 40 personas que le habían pedido dinero en efectivo.
Los números llamaron la atención de inmediato: el prestamista aplicaba un interés anual del 310%, al que se sumaban otras tasas que terminaban obligando a los deudores a devolver un 400% más de lo que habían recibido.
Uno de los casos que figura en la causa, al que accedió El Tribuno, es el de una joven de Villa Saavedra que solicitó un millón de pesos y debía devolver cuatro. Una situación similar atravesaban el resto de los damnificados a los que el hombre pretende embargarles sus bienes.
La derivación a la justicia penal
El 6 de junio, al advertir que las demandas eran decenas y todas del mismo acreedor, Hernández Berni puso la situación en conocimiento del Procurador general. A partir de allí se dispuso que Medina investigue un posible hecho de usura e intermediación financiera en perjuicio de un número indeterminado de personas.
Los delitos, según la denuncia, se agravan porque los préstamos se difundían en medios de comunicación y plataformas digitales con promesas de dinero "en el acto", "a sola firma" y "fácil y sin tantas vueltas".
Ante lo que consideró inacción del fiscal, en septiembre la jueza volvió a insistir y le reclamó informes sobre las medidas adoptadas: allanamientos en las oficinas del sujeto, secuestro de los convenios firmados con los posibles damnificados y declaraciones de los afectados. Además, le adjuntó los datos de las casi 40 personas que el prestamista busca embargar.
"Intereses astronómicos"
Consultada por El Tribuno, la magistrada confirmó la información y explicó que aguarda "las medidas que adopte el fiscal que fue designado para que proceda en la investigación".
"Yo no soy jueza penal por eso no puedo investigar la comisión de un delito como es la usura, pero al encontrarme con 34 pedidos de embargos formulados por la misma persona, la que reconoce que presta dinero sin ser una financiera, cuando veo los intereses astronómicos sin punto de comparación con los que cobra cualquier entidad financiera o bancaria, y más aún si esto se publicita, consideré que puede tratarse de delitos contemplados en el Código Penal", sostuvo.
Hernández Berni también se refirió a la realidad que empuja a muchas familias a caer en estas redes: "la situación actual que viven muchísimas familias que recurren a los prestamistas para comprar alimentos, medicamentos y que pueden perder su vivienda, su vehículo o cualquier bien que les ha llevado toda su vida conseguir porque pidieron un préstamo para abonar los servicios esenciales como luz, agua o gas".
"Sinceramente me llamó la atención tener tantos pedidos de embargos en mi escritorio por parte de la misma persona y es por eso que solicité la intervención a la justicia penal", completó.
Un antecedente similar
Meses atrás, un grupo de cooperativistas que reclamaban obras al municipio local había revelado el nombre y la dirección de la persona que les "cambia" los cheques que reciben del municipio de Tartagal —aunque en realidad son fondos provinciales— a un interés de hasta el 45% por cada valor. Es decir, si el cheque era de 10 millones de pesos, solo les reconocía cinco millones y medio. Pese a que la justicia conocía el nombre y el accionar del sujeto, no hubo actuación.
