La suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo le dio aire a las PyME santafesinas, pero desde APYME advierten que el alivio tiene fecha de vencimiento. El dato que revelaron sobre las firmas embargadas y la deuda que se agranda con intereses cambia el panorama.
La decisión del Gobierno nacional de suspender temporalmente las ejecuciones fiscales y los embargos que dicta la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo fue recibida con cautela en el entramado productivo de Santa Fe. Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) consideran que la tregua no ataca el problema de fondo: la falta de liquidez y la acumulación de pasivos.
El referente de APYME Santa Fe, Mario Galizzi, fue quien puso el número sobre la mesa: una de cada seis firmas de la región tiene sus cuentas trabadas por un embargo. Y sumó otro dato que preocupa: el 70% de los trabajadores arrastra algún nivel de morosidad.
“Es un parche con fecha de vencimiento”
El sector comercial e industrial venía reclamando una tregua fiscal, pero para la entidad la medida es insuficiente mientras no se aborde la acumulación de deudas. En diálogo con UNO Santa Fe, Galizzi fue tajante: “Frenar los embargos de ARCA es un parche que tiene plazo de finalidad. Por lo menos se frenaron, pero esto no detiene la generación de nuevas deudas si el mercado interno no reacciona”.
El dirigente explicó además cómo el peso de los costos judiciales agrava cada caso: “Una de cada seis empresas en la región está embargada. Con los costos judiciales, las multas y los intereses del sistema, la deuda original termina encareciéndose hasta un 60%. Necesitamos de manera urgente un plan de refinanciación a 5 años con tasas subsidiadas”.
Qué pasa con el consumo y el empleo
Al radiografiar la actividad en la capital provincial y el centro-norte santafesino, Galizzi presentó indicadores que muestran una estructura productiva con capacidad ociosa. Por la caída de las ventas, estimó que “está sobrando el 30% de la cadena comercial y el 40% de la industria” en la economía regional.
El diagnóstico sobre los ingresos tampoco es alentador. En Santa Fe se contabilizan unos 520.000 trabajadores formales, 500.000 informales y 100.000 estatales. Con salarios que promedian la franja de los 700 dólares, el titular de APYME reveló que el 70% de los asalariados está afectado por embargos bancarios o cuadros de morosidad.
En materia de empleo, el referente recordó que el aglomerado Gran Rosario registra una desocupación del 11,5%, mientras que el Gran Santa Fe se ubica de forma sistemática entre los aglomerados con mayores índices de pobreza e indigencia del país.
Las cuatro medidas que reclaman las PyME
Frente al ahogo financiero, APYME elevó un paquete de exigencias dirigidas tanto a la administración tributaria como a los bancos:
Refinanciación a largo plazo: un plan de facilidades de pago de hasta 60 cuotas (5 años) con tasas accesibles para regularizar los pasivos devengados.
Freno a las ejecuciones bancarias: suspensión de la traba de cuentas sueldos y cuentas operativas por parte del sistema financiero privado.
Protección patrimonial básica: avanzar en marcos legislativos que garanticen la inembargabilidad de la vivienda única de pequeños comerciantes y microempresarios.
Recomposición del poder adquisitivo: políticas de impulso directo al salario real para reactivar el circuito comercial de cercanía.
