Una mujer trabajó más de seis años sin estar registrada y, tras el despido, su ex empleadora intentó borrar la condena con un argumento basado en la derogación de las multas laborales. El Superior Tribunal de La Pampa respondió con un fallo que sienta precedente.
El Superior Tribunal de Justicia de La Pampa (STJ) puso un freno a los intentos de aplicar con efecto retroactivo el DNU 70/23 y la Ley Bases en los juicios laborales. La Sala A del máximo tribunal provincial confirmó que una trabajadora que estuvo sin registrar durante más de seis años tiene derecho a cobrar todas las multas que la ley fijaba al momento de su conflicto, aunque esas sanciones hayan sido derogadas después por el gobierno nacional.
La decisión, que sienta precedente en la jurisprudencia pampeana, rechazó el planteo de una empleadora que buscaba esquivar la condena amparándose en la eliminación de las multas laborales dispuesta por las reformas nacionales.
El caso: seis años sin registro y un despido indirecto
Todo comenzó con el despido indirecto de una mujer que logró acreditar ante la justicia que trabajó sin estar registrada para otra mujer entre marzo de 2017 y agosto de 2023. La empleadora fue condenada a pagar las indemnizaciones y multas previstas en la antigua Ley de Empleo.
El abogado de la demandada, Pablo Rodríguez Salto, apeló la sentencia y llevó el caso hasta el STJ con un argumento poco habitual: sostuvo que, como el DNU 70/23 y la Ley 27.742 derogaron esas multas, la condena debía anularse aplicando el principio de la “ley penal más benigna”.
La respuesta del STJ: no son penas, son indemnizaciones
Los jueces José Roberto Sappa y Eduardo D. Fernández Mendía declararon inadmisible el planteo. Ratificaron que las multas laborales no constituyen castigos penales, sino “indemnizaciones tasadas” o “sanciones civiles” destinadas a reparar el daño patrimonial del trabajador y a desalentar el empleo informal.
“Desde el momento en que se produce el incumplimiento, el crédito resarcitorio es exigible por parte del trabajador, integrando su patrimonio”, subraya la resolución.
En otras palabras: la sentencia judicial no crea el derecho de la trabajadora, solo lo reconoce. Como la relación laboral no registrada existió mucho antes de las reformas impulsadas por Javier Milei, los derechos económicos ya pertenecían a la demandante y una ley posterior no puede borrarlos.
Un precedente que blinda las indemnizaciones
El fallo del Superior Tribunal pampeano marca un límite claro a los intentos de aplicar retroactivamente los cambios normativos recientes en aquellos conflictos iniciados antes de la entrada en vigencia de las nuevas leyes. De este modo, las indemnizaciones de los trabajadores quedan protegidas frente a las reformas nacionales en los juicios ya en marcha.
