Santa Cruz pone la lupa sobre las represas: quién controlará que se cumpla el 90/10
Se firmaron los acuerdos para reactivar las represas del río Santa Cruz y el Gobierno promete prioridad para la mano de obra local. Pero ahora la pregunta es otra: quién vigila que el 90/10 no quede solo en el papel.
El reinicio de las represas sobre el río Santa Cruz dejó de ser una promesa y entró en una etapa de compromisos firmados. Tras el acuerdo entre el Gobierno provincial, la UOCRA y la empresa Gezhouba UTE, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, remarcó que la obra deberá priorizar la contratación de trabajadores y empresas santacruceñas.
El funcionario explicó que el entendimiento se cerró luego de actualizar los acuerdos entre la representación gremial y la empresa para ordenar el arranque de los trabajos. Además, se suscribió un convenio específico entre la Provincia y la UTE para garantizar el cumplimiento de la legislación santacruceña.
El esquema 90/10, en el centro de la escena
Álvarez puso el foco en el cumplimiento del esquema 90/10, que establece la prioridad para la contratación de mano de obra local. "Las represas, como todas las actividades económicas de Santa Cruz, deben priorizar el trabajo santacruceño", sostuvo el ministro.
El funcionario también remarcó la necesidad de incorporar pymes provinciales a la provisión de insumos y servicios, para que el movimiento económico de una obra de esta magnitud no quede limitado a la contratación de personal. La intención, según explicó, es que ese impulso alcance a proveedores, comercios y prestadores de servicios de la provincia.
En esa línea, planteó que la prioridad del empleo provincial debe extenderse a todas las actividades económicas, entre ellas la minería, el petróleo, la pesca, el sector agropecuario y el turismo.
Quién controlará que se cumpla
El ministro señaló que los organismos provinciales tendrán un papel central en el seguimiento de los compromisos asumidos. Mencionó especialmente al Ministerio de Energía y Minería y al Ministerio de Trabajo como las áreas responsables de controlar que las condiciones acordadas se respeten durante el desarrollo de la obra.
La UOCRA y el impacto en las familias
Por el lado gremial, Rubén Crespo, referente de la UOCRA, transmitió al gobernador Claudio Vidal el agradecimiento de las familias vinculadas a la construcción por las gestiones que permitieron avanzar hacia la reactivación de las represas.
Crespo destacó que la paralización del proyecto, producida en 2023, tuvo un fuerte impacto sobre los trabajadores y las localidades relacionadas con la obra. En ese contexto, consideró que los acuerdos alcanzados representan una nueva oportunidad para recuperar puestos laborales y brindar mayor previsibilidad a cientos de hogares.
De acuerdo con las proyecciones oficiales difundidas durante el anuncio, la construcción generará 1.800 puestos de trabajo directos y otros 2.200 indirectos. La estimación contempla tanto el empleo vinculado directamente con la obra como el movimiento económico asociado a proveedores y servicios.
Una obra estratégica para la provincia
Álvarez también subrayó la importancia energética y productiva del proyecto. Sostuvo que, además del empleo que demandará durante su ejecución, la generación de energía permitirá fortalecer las condiciones para avanzar en la industrialización de Santa Cruz.
El funcionario mencionó especialmente las oportunidades que podrían abrirse para las localidades cercanas al emprendimiento, entre ellas Comandante Luis Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, Gobernador Gregores y Río Gallegos.
La reactivación plantea así un desafío que irá más allá de retomar la construcción: garantizar que el empleo, las contrataciones y el movimiento económico tengan un impacto concreto en la provincia. El cumplimiento del esquema 90/10 y los mecanismos de control anunciados serán los aspectos centrales para evaluar cómo se traducen esos compromisos en oportunidades reales para los santacruceños.
