El Gobierno había asegurado que este martes los colectivos del área metropolitana circularían sin problemas. La reducción de frecuencias se frenó, pero nadie explicó de dónde saldrá el gasoil ni cuándo se pagará la deuda de septiembre y octubre.
El Gobierno provincial salió a garantizar que este martes los colectivos del área metropolitana circularán con normalidad y logró desactivar, al menos por ahora, la reducción de frecuencias que las empresas de los corredores 1 al 8 habían anunciado. La pregunta que quedó flotando es otra: con qué recursos se sostendrá el servicio y si Saeta pagará lo que las prestatarias le reclaman por septiembre y octubre.
El anuncio oficial llegó sin precisiones. No se informó si habrá una transferencia de fondos, un cronograma de pagos o alguna otra alternativa para cubrir el hueco financiero que las operadoras venían denunciando desde hacía horas.
Este medio intentó averiguar qué gestiones permitieron frenar la medida y bajo qué condiciones se mantendría la prestación. No hubo respuestas. Los empresarios consultados tampoco tenían datos sobre cómo se resolvería la falta de recursos que ellos mismos habían señalado como el obstáculo para seguir comprando combustible.
El comunicado que encendió la alarma
La amenaza de recorte se había plasmado en un comunicado difundido el lunes. Las operadoras sostuvieron que ya no podían abastecer de gasoil a sus flotas y cargaron la responsabilidad sobre el atraso de Saeta en los pagos. Según su versión, la ruptura de la cadena de pagos también agotó su capacidad de crédito para adquirir combustible e insumos.
Las empresas no detallaron qué porcentaje de las frecuencias pensaban recortar ni qué horarios quedarían afectados. Sí aclararon que se trataba de una medida de último recurso, pensada para evitar una paralización total del sistema.
La primera reacción de Saeta fue rechazar el anuncio. Desde la compañía anticiparon a El Tribuno que consideraban "ilegal" la reducción y que preparaban una comunicación formal a las prestatarias. No dieron detalles sobre los pagos reclamados ni sobre las acciones que adoptarían si las empresas avanzaban con el recorte.
Una crisis que ya tiene antecedentes
El conflicto no es nuevo y su historial reciente ayuda a dimensionar la advertencia.
El 28 de mayo, las subconcesionarias alertaron que se les adeudaba más del 60% de los certificados de abril. Días después, el problema llegó a los usuarios: desde el 1 de junio se suspendió la circulación entre las 23.30 y las 5.30. Desde Saeta, Claudio Juri, había señalado que el sistema tenía un déficit mensual de entre $3.000 millones y $4.000 millones. La crisis provocó reclamos estudiantiles y cuestionamientos en la Legislatura. Un acuerdo del 3 de junio permitió normalizar el servicio.
Reclamos, intimaciones y pagos pendientes
En agosto, las operadoras volvieron a denunciar dificultades financieras. El día 20 señalaron que la deuda acumulada rondaba los $14.000 millones y reclamaron la transferencia de $6.000 millones que, según sostuvieron, habían sido comprometidos por la Provincia mediante una reasignación presupuestaria. Una semana después, afirmaron que continuaba pendiente la totalidad del pago por los servicios de julio.
A comienzos de septiembre, las prestatarias advirtieron que sus reservas de combustible alcanzarían para aproximadamente seis días. Saeta respondió con una intimación para garantizar la continuidad de las prestaciones, bajo advertencia de aplicar las cláusulas contractuales sobre extinción del servicio. También informó que gestionaba asistencia financiera extraordinaria ante la Provincia.
La tensión siguió con un reclamo empresarial que fijó el 24 de septiembre como fecha límite para suspender los servicios diurnos y nocturnos si no se cancelaban la certificación de agosto y el combustible de septiembre.
Tras el pago de la deuda de julio, realizado el 22 de septiembre, las partes mantuvieron una reunión. El 24, Saeta presentó una propuesta de pago para combustible y las empresas postergaron las medidas.
