La Legislatura de Río Negro le aprobó al Gobierno un paquete de financiamiento por hasta $370.000 millones para 2027. Mientras el oficialismo habla de sueldos y proveedores, la oposición puso sobre la mesa una cifra que complica: los intereses que ya se acumulan por girar en descubierto.
La Legislatura de Río Negro le dio luz verde al Poder Ejecutivo para manejar un paquete de herramientas financieras de cara a 2027, con un techo que asciende a $370.000 millones. La ley, aprobada este jueves, apunta a cubrir desfasajes transitorios de caja y a sostener el pago de salarios, proveedores y servicios esenciales.
La norma arranca el 1 de enero de 2027 y fija nuevos topes para tres instrumentos: el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO), las Letras de Tesorería y los cheques de pago diferido. El respaldo del oficialismo convivió con las críticas de la oposición por los costos financieros y el estado de las cuentas provinciales.
Los nuevos límites, número por número
El FUCO pasa de $140.000 millones autorizados para 2026 a $180.000 millones en 2027. Las Letras de Tesorería suben de $120.000 millones a $160.000 millones en circulación simultánea. Y los cheques de pago diferido se amplían de $24.000 millones a $30.000 millones.
Desde el oficialismo remarcaron que son montos máximos para instrumentos distintos y que no necesariamente se van a usar en su totalidad. La función de estos mecanismos es cubrir las diferencias temporales entre la plata que entra y las fechas en que la Provincia debe cumplir sus compromisos.
La defensa del oficialismo
La legisladora de Juntos Somos Río Negro, Soraya Yauhar, explicó que las herramientas permiten afrontar obligaciones como sueldos y proveedores cuando se producen desfasajes entre ingresos y egresos. Puso el foco en la caída de la recaudación nacional y en la baja del consumo como factores que golpean las finanzas rionegrinas, y aclaró que los montos son topes máximos.
El presidente del bloque oficialista, Facundo López, salió a defender la política financiera y rechazó las sospechas sobre el manejo de los recursos. Según los datos que exhibió en el recinto, el peso de la deuda sobre los ingresos provinciales bajó del 71% en diciembre de 2023 al 22% en diciembre de 2025, y llegó al 16% en septiembre de 2026.
López también detalló el uso efectivo de las herramientas durante este año: se emplearon $69.000 millones de los $120.000 millones disponibles en Letras de Tesorería y $19.000 millones de los $24.000 millones autorizados en cheques de pago diferido. Esos últimos fondos se destinaron sobre todo a obligaciones de IPROSS, Salud Pública y Educación.
El legislador sumó otro argumento: la Provincia debió hacerse cargo de responsabilidades extra por la reducción del financiamiento nacional en áreas como obras públicas, rutas y establecimientos educativos.
Las críticas de la oposición
Desde la vereda de enfrente apuntaron a los costos de financiarse con estos instrumentos. Luciano Sempé, de Vamos con Todos, cuestionó el aumento de los montos y señaló que la Provincia acumula alrededor de $6.700 millones en intereses por giros en descubierto. Además, estimó que si se mantienen las tasas actuales, las Letras de Tesorería podrían costar $29.400 millones.
Para Sempé, el uso recurrente de estos mecanismos equivale a una forma de endeudamiento, y anticipó el rechazo de su bloque.
Leandro García, del PJ–Nuevo Encuentro, ató la situación financiera a la reducción de recursos nacionales y al aumento de las demandas sociales. Planteó que el equilibrio fiscal debe medirse también por la capacidad del Estado para atender a la población.
Gabriela Picotti, en tanto, cuestionó el crecimiento de las autorizaciones y sostuvo que la administración de los recursos tiene que evaluarse junto con los resultados en salud, educación y seguridad.
El déficit que sobrevoló el debate
Martina Lacour, que acompañó la iniciativa, puso el alerta sobre la evolución de las cuentas provinciales: entre enero y septiembre de 2026 se acumuló un déficit financiero de $271.000 millones y un desahorro corriente superior a los $40.000 millones. Aunque marcó que esos números contrastan con las previsiones del presupuesto, consideró que el Gobierno necesita las herramientas para cumplir sus compromisos el año que viene.
Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, también votó a favor pero con reparos por los costos financieros y pidió revisar las condiciones que ofrece el Banco Patagonia, agente financiero de la Provincia.
Apoyos con pedido de control
El radical Ariel Bernatene respaldó el proyecto al entender que la Provincia necesita arrancar el próximo ejercicio con mecanismos para resolver eventuales problemas de liquidez. Javier Acevedo, de CC ARI–Cambiemos, acompañó pero reclamó sostener el seguimiento legislativo sobre el uso de los fondos.
Desde PRO–Unión Republicana, Juan Martín votó a favor y pidió discutir las causas estructurales que empujan al Estado a recurrir a estos instrumentos. Reclamó más información sobre las cuentas públicas y subrayó la necesidad de generar inversiones, empleo privado y recursos genuinos.
José Luis Berros, de Vamos con Todos, ratificó el rechazo de su bloque y cuestionó que se presenten estas herramientas como simples mecanismos para necesidades estacionales. Según dijo, durante 2026 la Provincia habría recurrido a giros en descubierto durante 125 días.
Con la ley aprobada, el Ejecutivo rionegrino tendrá desde el 1 de enero de 2027 las nuevas autorizaciones para administrar sus necesidades financieras, en un contexto de menores ingresos nacionales y con la oposición reclamando mayor transparencia sobre las cuentas.
