Quince meses perdiendo empleo en blanco: a dónde se está mudando el trabajo argentino

El empleo asalariado privado registrado acumula quince meses consecutivos de caída, según los datos de agosto del Sistema Integrado Previsional Argentino que publicó la Secretaría de Trabajo. En ese mes se perdieron 7.573 puestos privados, 5.420 públicos y 647 en casas particulares.

La comparación interanual arroja 132.008 asalariados privados menos, un 2,1%. Y si se toma desde noviembre de 2023, el retroceso llega a 274.339 puestos, equivalente al 4,3% de la nómina formal. Solo la provincia de Buenos Aires concentra 108.000 de esas bajas. El nivel actual es el más bajo en 53 meses.

El otro dato del mismo informe

El monotributo sumó 19.046 inscriptos en un mes, un 0,86%: la mayor expansión en 19 meses. Al sumar el trabajo independiente al asalariado, el total de registrados privados subió 0,1%, unas 10.000 personas, la primera suba tras catorce meses de estancamiento.

La lectura es clara: el trabajo no se destruye en la misma proporción en que cae el empleo en relación de dependencia. Se está mudando de forma jurídica. Es la misma tendencia que ya había mostrado el INDEC a mediados de octubre, con 101.000 puestos más y 156.000 asalariados menos: la Argentina no pierde trabajo, pierde empleo. El SIPA le pone ahora número mensual a ese fenómeno.

Comercio, industria y transporte, los sectores que más pierden

Las bajas de agosto se concentran en comercio (3.486 puestos), industria manufacturera (3.346) y transporte (1.372). Son los tres sectores de mayor intensidad de mano de obra registrada y los más expuestos a la apertura importadora y a la caída del consumo.

En el otro extremo crecen la pesca y la minería, actividades de alta productividad y poca nómina. El balance sectorial lo resume: 2.394 puestos ganados contra 9.975 perdidos. La estructura del empleo se desplaza desde actividades que emplean mucho hacia actividades que emplean poco, y el excedente se acomoda como puede en el monotributo o en la informalidad, que según el INDEC pasó del 43% al 45% en un año.

La reforma laboral y el costo real de contratar en blanco

Hace poco más de un año se prometió que la ley 27.802, con la derogación de las multas por trabajo no registrado y el abaratamiento del despido, iba a destrabar la contratación. Los quince meses de caída son, hasta ahora, la respuesta empírica.

No porque la reforma haya destruido empleo —una afirmación que los datos no permiten sostener—, sino porque la contratación formal no depende del costo del despido sino de la expectativa de venta. Ningún comerciante toma un empleado porque la indemnización sea más barata; lo toma porque tiene más clientes que atender.

Lo que la reforma sí hizo fue reducir el costo relativo de contratar afuera del contrato de trabajo: monotributistas, prestadores, plataformas. El empleador que antes dudaba entre registrar o no, hoy tiene una tercera opción con menos riesgo que las dos anteriores.

Para la empresa el cálculo es simple: un puesto en relación de dependencia cuesta, entre cargas sociales, aportes, ART y provisión de indemnizaciones, entre un 45% y un 55% más que el salario de bolsillo. El mismo trabajo facturado por un monotributista cuesta la factura. Mientras esa brecha exista, y mientras la fiscalización del fraude laboral sea la que es, el monotributo va a seguir creciendo y el SIPA va a seguir registrando caídas. No es una anomalía: es el incentivo funcionando.

Lo que dijo el Papa en la UCA

El lunes 9, en el encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica, León XIV dijo algo que conviene leer con los números del SIPA al lado. Sostuvo que el acceso al trabajo para todos debe seguir siendo un objetivo prioritario de las políticas públicas y el criterio de juicio para evaluar la calidad humana de un modelo de desarrollo.

Agregó dos cosas que suelen omitirse cuando se cita a la Iglesia en estos temas: que los empresarios arriesgan su patrimonio y que es imposible crear riqueza sin implicarse personalmente, y que el sindicalismo, para conservar autoridad moral, tiene que mirar a los trabajadores precarizados e informales que quedaron afuera del sistema formal.

No es un discurso contra el mercado ni contra la empresa. Es un discurso que pide medir el éxito de un modelo por cuánta gente trabaja con derechos, y que le pide a cada actor —Estado, empresa y sindicato— que se haga cargo de la parte que le toca. Con 274.000 asalariados menos y 45% de informalidad, ese criterio de juicio no da bien para nadie.

Tres consecuencias prácticas para el empleador

Primera: la tentación de reemplazar empleados por monotributistas es alta y el riesgo bajó, pero no desapareció. La presunción del artículo 23 de la LCT sigue vigente, la ley 27.802 no derogó la relación de dependencia encubierta y los juzgados laborales siguen condenando con la misma lógica de siempre, ahora sin multas pero con indemnización, intereses y costas.

Segunda: la caída del empleo en comercio e industria va a seguir alimentando el conflicto por despidos. La discusión sobre intereses que la Corte cerró la semana pasada con el artículo 55 hace que la cuenta de un juicio sea hoy más previsible, pero no más barata en capital.

Tercera: el monotributo como forma de contratación tiene un techo, que es la facturación del propio trabajador. Cuando el prestador supera la categoría o depende de un solo cliente, el esquema se vuelve indefendible.

Ninguna ley crea un empleador

La conclusión, a contramano del entusiasmo oficial y del catastrofismo opositor, es la misma que se sostuvo desde que se discutió la reforma: ninguna ley laboral crea un empleador. La Argentina no tiene un problema de costo de despido, tiene un problema de costo de contratar en blanco y de demanda.

Mientras lo primero no se toque con seriedad, bajando cargas sobre el salario registrado en lugar de abaratar la salida, los datos del SIPA van a seguir diciendo lo mismo cada mes. Y el criterio de juicio que propuso el Papa —cuánta gente accede a un trabajo con derechos— va a seguir sin cumplirse.