Un responsable en cada organismo saldrá a controlar las faltas de los empleados públicos mendocinos. La figura que crea la nueva ley y el dato de ausentismo que la Provincia puso sobre la mesa para justificarla.
La Legislatura de Mendoza dio sanción definitiva al nuevo régimen disciplinario de la Administración Pública, una reforma impulsada por el Gobierno provincial con el objetivo declarado de acelerar los sumarios contra empleados estatales. La votación en el Senado terminó con 23 votos a favor, 11 en contra y una abstención.
El bloque negativo reunió a Encuentro Mendocino —espacio que integra el PJ—, Fuerza Patria, el Partido Verde y el PD. La abstención fue del PRO. La norma reemplaza el anexo de la Ley 9.103 y cambia de raíz el modo en que se detectan las presuntas faltas, se juntan las pruebas, se reparten las competencias y se resuelven los expedientes.
Qué cambia en el control de asistencia
Uno de los puntos centrales es la creación del Responsable Administrativo de Presentismo. Cada jurisdicción, organismo o dependencia deberá designar a una persona encargada de controlar los registros de asistencia y mantener al día las novedades del personal. Según los datos que la Provincia presentó ante la comisión, el ausentismo injustificado explica cerca del 40% de los sumarios que hoy se tramitan.
Cuando la información recabada permita advertir situaciones que podrían configurar causales objetivas de cesantía por inasistencias, ese responsable deberá comunicarlo de inmediato al área de Recursos Humanos correspondiente y acompañar los antecedentes.
Más autonomía para la Oficina General de Sumarios
La ley también le otorga mayor autonomía técnica y funcional a la Oficina General de Sumarios. En la práctica, el organismo podrá iniciar de oficio informaciones sumarias cuando tome conocimiento de hechos que podrían constituir una infracción, sin depender de que la repartición donde ocurrió el hecho le remita formalmente las actuaciones para empezar a intervenir.
Además, se busca que pueda conocer anticipadamente situaciones que podrían derivar en un sumario a través de alertas de las áreas de Recursos Humanos. El proyecto establece la obligación de organismos, funcionarios y agentes de colaborar con las investigaciones. La intención es evitar que la falta de respuestas administrativas estire los plazos: según datos oficiales, el 25% de los expedientes ingresados durante 2026 correspondía a hechos ocurridos en 2025, mientras que el resto estaba vinculado con períodos anteriores.
Qué sanciones pueden recibir los empleados públicos
El texto mantiene las sanciones de apercibimiento, suspensión de hasta 30 días corridos, cesantía y exoneración, pero define qué autoridad queda facultada para aplicar cada una según su gravedad:
Apercibimientos y suspensiones de hasta cinco días: a cargo del jefe superior inmediato.
Suspensiones de más de cinco y hasta 15 días: las aplica el ministro o secretario de la jurisdicción correspondiente.
Suspensiones superiores a 15 días, cesantía y exoneración: corresponden al Poder Ejecutivo.
Entes descentralizados: la autoridad superior de cada organismo podrá aplicar todas las sanciones.
Como regla general, las suspensiones de más de 15 días, la cesantía y la exoneración requerirán la instrucción previa de un sumario administrativo. El texto prevé una excepción para determinadas causales objetivas de cesantía, que tendrán un procedimiento especial.
La reforma también plantea que las faltas de menor entidad puedan ser investigadas y resueltas directamente por las reparticiones de origen, dentro de los límites de la ley y con respeto por el derecho de defensa. Así, la Oficina General de Sumarios podría concentrarse en los expedientes que necesiten una intervención especializada por la naturaleza o gravedad de los hechos.
Sumarios digitales y procedimientos más cortos
El proyecto incorpora herramientas tecnológicas y cambios procesales destinados a evitar actuaciones repetidas, ordenar expedientes relacionados y facilitar su resolución. Entre las medidas figuran las citaciones y notificaciones electrónicas, el uso de la plataforma Mendoza por Mí (MxM) y la realización de audiencias virtuales.
La disputa política detrás de la ley
La oposición, con el justicialismo y el kirchnerismo a la cabeza, sostuvo que la norma es "inconstitucional" porque afecta las "garantías laborales de los empleados públicos". También cuestionaron que los cambios se hayan llevado a la Legislatura y no a las reuniones paritarias para discutirlos con los representantes gremiales.
Desde el oficialismo respondieron que las modificaciones buscan adecuar la normativa a los cambios tecnológicos y resolver los sumarios en mejores plazos. La senadora Natacha Eisenchlas afirmó que las garantías constitucionales y legales del régimen anterior se mantienen y que los cambios apuntan a mejorar la eficiencia del sistema, sin desconocer el derecho de defensa de los agentes.
