Más de 600 vecinos le reclamaron al municipio por el futuro del terreno frente al Parque y la respuesta fue derivarlos a la Provincia. Ahora el proyecto avanza en el Senado y la posición del intendente sigue sin aparecer.
El futuro del predio que ocupa el Hogar Santa Marta, frente al Parque General San Martín, dejó de ser un tema de conversación entre funcionarios para instalarse como una pulseada que compromete el patrimonio urbano de la Ciudad de Mendoza. Y en el centro de esa discusión hay un nombre que, por ahora, no habla: el intendente Ulpiano Suarez.
El Gobierno provincial quiere disponer de ese inmueble para financiar una nueva residencia para adultos mayores. El objetivo social puede discutirse, pero el autor de la nota sostiene que una finalidad legítima no vuelve automáticamente correcto cualquier procedimiento ni elimina la necesidad de un debate público.
Las preguntas que siguen sin respuesta
¿Cuánto vale realmente el terreno? ¿Qué garantías tendrá la operación? ¿Dónde se construirá el nuevo hogar? ¿Qué protección tendrá el entorno y qué destino le espera al predio actual? Son interrogantes elementales que, según el artículo, todavía no tienen contestación.
Los números que circulan tampoco cierran. Se habló de unos 2 millones de dólares, alrededor de 500 dólares por metro cuadrado frente al Parque. Un diputado opositor estimó que el valor real sería entre tres y cuatro veces mayor. La Cámara de Diputados votó sin una tasación actualizada.
El silencio de un candidato
La posición del intendente no es un detalle menor. Suarez ya anunció que competirá por la gobernación, y por eso su silencio adquiere una dimensión política que excede la formalidad. Gobierna una capital cuyos principales activos son justamente su patrimonio arquitectónico, sus espacios verdes y su identidad urbana.
La responsabilidad de un jefe comunal, plantea el texto, no se agota en la recolección de residuos ni en la reparación de calles: también implica defender un modelo de ciudad.
La respuesta de ventanilla
Más de 600 vecinos presentaron reclamos ante el propio intendente para cuestionar el destino de los terrenos frente al Parque y advertir sobre el riesgo de nuevas torres. No fue una inquietud aislada ni una operación de la oposición.
La contestación llegó por escrito y con sello de mostrador: la Municipalidad respondió que no tenía expediente sobre el Santa Marta y derivó a los vecinos a la Provincia.
Sin embargo, qué y cuánto se puede construir en ese terreno lo determina el Código Urbano que impulsó la propia gestión de Suarez, sancionado el 21 de abril. Diez días después, el gobernador anunció que dispondría del predio.
Un parque que respira y una muralla que lo taparía
El Parque nació a fines del siglo XIX como respuesta sanitaria a una ciudad golpeada por epidemias. No es casual que muchos terrenos de su entorno hayan tenido destinos sociales y no especulativos. Esa función sigue vigente: el aire fresco del Parque entra a la ciudad empujado por la diferencia de temperatura.
Con los indicadores del nuevo Código, en ese predio podrían levantarse edificios de hasta 39 metros, unos 13 pisos. Y para alcanzar los márgenes de 20 a 30% que suelen buscar los desarrollos de la zona, la tentación será ir más alto.
Sumadas a las torres vecinas y a la proyectada en el Círculo Policial, se armaría una suerte de muralla china: frenaría las brisas que refrescan la ciudad, reflejaría el sol del oeste sobre el Parque y, al superar la copa de los árboles, acumularía calor durante el día que se sentiría con rigor por la noche. La isla de calor castiga sobre todo a los adultos mayores. La paradoja: el proyecto lo envió el gobierno provincial a través del Ministerio de Salud.
Todo eso, en una de las zonas de mayor peligrosidad sísmica del país y sin un dictamen de Patrimonio conocido sobre un edificio centenario. Antes de habilitar semejante paredón deberían existir estudios de impacto acumulado, y es la Municipalidad la que está en condiciones de exigirlos.
La oportunidad que todavía tiene el intendente
El proyecto ya tiene media sanción de Diputados y ahora define el Senado. Suarez todavía puede fijar una posición clara, reclamar las precisiones que faltan y garantizar que los mendocinos sean escuchados antes de que se tomen decisiones difíciles de revertir.
El autor no le pide que desafíe sin argumentos al Gobierno provincial. Le pide algo más simple: que ejerza su autonomía política, defienda las competencias municipales y haga oír la voz de los vecinos. Un intendente no es un delegado del gobernador, representa a los ciudadanos de su municipio, aunque eso incomode sus propias aspiraciones.
Los bienes públicos no se miden solo por su precio de mercado. Tienen un valor histórico, social y urbano que no siempre aparece en una tasación. La discusión no pasa por oponerse a toda inversión ni por congelar la Ciudad en una foto vintage, sino por definir qué se construye, dónde, bajo qué reglas y en beneficio de quién.
Una propuesta sobre la mesa
El texto cierra con una idea concreta para el intendente: que el destino de los terrenos contemple una solución que combine desarrollo urbano y responsabilidad social. Por ejemplo, reservar el 25% de la superficie para que el propio emprendedor, como condición del proyecto, construya allí el nuevo Hogar Santa Marta. Así, la inversión privada dejaría un legado social concreto, con instalaciones adecuadas y condiciones dignas para quienes necesitan protección.
Cuando se trata del patrimonio común, gobernar no es mirar hacia otro lado. Y el silencio, aunque no figure en ningún expediente, también termina dejando su firma.
Sergio Bruni
