La Pampa venía reclamando que la reforma de la Ley de Glaciares avanza sobre garantías ambientales y ahora la Justicia le habilitó una instancia clave: la Corte Suprema deberá revisar el caso. Qué pidió la Provincia para frenar la norma.
La pulseada por el alcance de la reforma de la Ley de Glaciares sumó un capítulo decisivo: la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca concedió el Recurso Extraordinario Federal que presentó la provincia de La Pampa y ordenó elevar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El recurso no lo peleó sola la Provincia. Lo acompañaron la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos, todos bajo la misma premisa: frenar la aplicación de la Ley N° 27.804 hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.
Qué dice la resolución del 29 de octubre
En su fallo, la Cámara reconoció que los planteos sobre el alcance de la reforma involucran normas federales y garantías constitucionales de protección ambiental, una condición que habilita la revisión del Máximo Tribunal.
El texto también subraya que el cuestionamiento sobre la interpretación y el alcance de la Ley N° 27.804, y su incompatibilidad con los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, exige un examen a la luz de los estándares constitucionales que La Pampa invoca.
Qué busca la Provincia con el recurso
El objetivo concreto es revertir el rechazo de la medida cautelar que La Pampa había pedido para suspender la aplicación de la Ley N° 27.804 mientras se resuelve el amparo colectivo ambiental.
Con este avance procesal, la Provincia sostiene su defensa de los glaciares y de los sistemas hídricos compartidos, fundamentales para el abastecimiento de agua de todo el territorio pampeano.
