La ley que protege tus datos tiene más de 25 años y advierten que ya no alcanza

La protección de los datos personales, el acceso a la información pública y los límites de la automatización estatal concentran la agenda del Foro Federal “Transparencia, Derechos y Gobernanza Digital”, que abrió este miércoles en Ushuaia con la presencia de representantes de 18 jurisdicciones del país.

El encuentro se enmarca en la XVIII Asamblea General Ordinaria del Consejo Federal para la Transparencia (CFT). La continuidad está prevista para este jueves 5 de noviembre, con una capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital y un acto público por la transparencia.

Intervención humana: el pedido central

En la apertura, la presidenta del consejo, Beatriz Anchorena, puso el foco en la necesidad de actualizar los marcos normativos frente a la transformación tecnológica y de garantizar que las decisiones automatizadas cuenten con revisión humana.

“Cualquier proceso automatizado en una provincia, en un municipio o en el Estado nacional debe contar con intervención humana para garantizar que los derechos de todas y todos se cumplan”, sostuvo Anchorena al referirse a los desafíos que plantea el avance de la inteligencia artificial.

La funcionaria detalló que el organismo trabaja en tres frentes: acceso a la información, transparencia en la gestión pública y protección de datos personales. Según explicó, los cambios tecnológicos atraviesan esas tres áreas y obligan a revisar las condiciones en las que el Estado incorpora nuevas herramientas.

Una ley con más de 25 años

En ese punto, Anchorena se detuvo en la antigüedad de la legislación nacional sobre datos personales y en la obligación de respetarla durante la digitalización.

“La Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales tiene más de 25 años y nos parece fundamental cumplir con esta ley en cualquier proceso de transformación tecnológica”, afirmó.

El caso de Tierra del Fuego

El secretario Legal de Gobierno, Emiliano Fossatto, indicó que la provincia trabaja en la aplicación de herramientas legales para fortalecer la transparencia, avanzar en la digitalización y reducir la burocracia administrativa.

El funcionario remarcó que la incorporación de tecnología debe tener límites y contemplar la participación ciudadana. “Es muy importante que no se pierda de eje que las políticas públicas están destinadas a los ciudadanos y que los ciudadanos deben ser escuchados”, expresó.

Fossatto también subrayó la necesidad de acompañar a quienes encuentran barreras para acceder a las herramientas digitales.

Los datos, entre el uso estratégico y el resguardo

Otro de los ejes abordados fue la circulación de información entre organismos públicos. Fossatto consideró que los datos son un recurso para la toma de decisiones, pero advirtió que su utilización debe ajustarse al marco regulatorio y resguardar la información personal.

“El dato es un recurso estratégico para las decisiones públicas que se tienen que tomar. Se debe compartir entre la administración pública misma, pero no debemos descuidar el marco regulatorio para la sensibilidad de esa información, porque es de todos y de cada uno también”, señaló.

Qué viene este jueves

La jornada arrancará con la capacitación “Protección de los datos personales de niñas, niños y adolescentes en la era digital. Desafíos para el ámbito educativo”, que se desarrollará de 10 a 12 en la Fábrica de Talentos y estará centrada en los retos del ámbito escolar.

Por la tarde, de 14.30 a 15.30, está previsto el acto público de la “Declaración Federal para la Transparencia de la Gestión Pública” en la Plaza Malvinas, frente a ese espacio.

Anchorena anticipó que la declaración reunirá a las jurisdicciones en torno al compromiso con la transparencia de la gestión pública. Fossatto, en tanto, informó que el documento cuenta con el aval de más de 18 jurisdicciones y que Ushuaia será la sede de su lectura.

La convocatoria reunió a autoridades y representantes jurisdiccionales para intercambiar criterios sobre el uso de tecnologías en el Estado, el resguardo de la información y las condiciones de acceso de la ciudadanía a los servicios digitales.