Los municipios venían cumpliendo la ley que el propio PJ impulsó, hasta que la inflación y la caída de la coparticipación los dejaron contra las cuerdas: solo dos comunas lograron zafar. Ahora buscan una salida con más plata y menos exigencias.
Un grupo de diputados provinciales presentó un proyecto para declarar la emergencia económica y social en los 19 departamentos de San Juan y así aliviar las cuentas municipales. La iniciativa busca ampliar los fondos de libre disponibilidad que reciben las comunas y suspender por un tiempo los límites de gasto de la Ley de Responsabilidad Fiscal, en un contexto de caída de la recaudación, recesión y la llegada del fenómeno de El Niño.
Los legisladores de los bloques Justicialista, San Juan Vuelve y Crecer argumentan que los municipios necesitan liquidez para atender demandas urgentes sin quedar en falta con la normativa vigente. El proyecto ya está en la Cámara de Diputados y apunta a que ninguna comuna quede atrapada entre la crisis y la ley.
Tres ejes para rescatar a los municipios
El texto presentado se apoya en tres medidas complementarias. La primera reduce el descuento del Fondo de Emergencia, que bajaría del 5% al 2,5%. La segunda suspende los descuentos destinados al Fondo de Desarrollo Regional. Con ambas, la masa coparticipable de libre disponibilidad para los 19 departamentos pasaría del 92% al 97,5%.
Además, se prevé distribuir de forma progresiva durante el próximo año los recursos retenidos del Fondo de Desarrollo Regional del ejercicio en curso, estimados en más de siete mil millones de pesos más intereses. Los saldos de períodos anteriores, en cambio, quedarían reservados para cancelar obras y desembolsos ya aprobados.
En el plano fiscal, la iniciativa suspende hasta el 31 de diciembre de 2027 la regla de gasto público corriente primario. Los legisladores sostienen que la mayoría de los municipios ya venía con desvíos por factores ajenos a su gestión, como la inflación de costos y el aumento de la asistencia social. Según su mirada, mantener la exigencia castigaría a los intendentes por una crisis que no provocaron.
El tercer punto incorpora la creación de un Programa de Convergencia Fiscal Municipal. Cada comuna deberá firmar un compromiso formal ante la Comisión Fiscal Provincial, con un diagnóstico de sus cuentas, metas verificables y un cronograma de hasta tres años para recuperar el equilibrio de manera gradual una vez superada la emergencia.
La defensa de Marisa López
La diputada justicialista Marisa López explicó los alcances del proyecto y reconoció una paradoja: están pidiendo no cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal que su propio partido impulsó cuando tuvo el gobierno provincial. Para la legisladora, la excepción tiene principio y fin.
"La crisis social, la situación que viven las comunas por caída de la coparticipación y los recursos que les hacen falta a los municipios el fenómeno de El Niño nos obligan a pensar en esta excepción temporaria", afirmó López.
La prórroga solicitada se extiende "hasta el 31 de diciembre de 2027". Con ese marco, según la diputada, las comunas podrán contar "con mayores recursos de libre disponibilidad y con un marco fiscal que les permita aplicarlos a la emergencia social y climática que atraviesan".
La ley que casi nadie puede cumplir
El punto más complejo de la Ley de Responsabilidad Fiscal para los municipios es el requisito de que el gasto primario no crezca por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los números del tercer trimestre de 2025 son elocuentes: solo dos comunas lograron cumplirlo, Angaco y Valle Fértil. El resto de los departamentos no pudo. Jáchal, en tanto, no presentó los papeles.
Para López, ese dato demuestra que la norma está caída en la práctica. "Que solo dos departamentos puedan cumplir la Ley de Responsabilidad Fiscal y su exigencia de no gastar más de la suba de la inflación, indica que la norma está caída, que las comunas no pueden cumplirla", señaló.
La situación de los municipios no es muy distinta a la de la Provincia. El último informe de la Dirección de Análisis Fiscal de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, difundido en marzo y correspondiente al cierre del ejercicio 2025, ubica a San Juan en el lote de provincias con cumplimiento bajo de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
López atribuye esa dificultad a "la situación macroeconómica, la baja de la actividad, la caída de la recaudación y la menor coparticipación que recibe". Y marcó una diferencia clave: San Juan pudo colocar bonos, cerrar un acuerdo con una minera, tomar deuda para rutas y recibir ATN por 10 mil millones de pesos. Los municipios, en cambio, no accedieron a ninguna de esas herramientas.
Un texto abierto al debate
La diputada subrayó que el proyecto fue elaborado con datos oficiales y con información pública del Gobierno Nacional y Provincial, del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, del Programa de Convergencia Fiscal y de las declaraciones del secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman.
También aclaró que no se trata de un texto cerrado. La voluntad expresada es enriquecerlo con aportes, observaciones y modificaciones que surjan del debate en las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Sistema Municipal. Incluso invitaron al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, a participar con sus equipos técnicos.
"Quizá termina saliendo un proyecto totalmente distinto pero que puede ayudar a los municipios", indicó López, y agregó: "Lo mismo hicieron todos los ministros de Economía del país con Caputo y Guberman".
Para conocer su opinión sobre la iniciativa, Diario Canal 13 contactó a la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Rosana Luque, pero no respondió los mensajes enviados.
Los diputados que firmaron el proyecto son Marisa López, Sonia Ferreyra, Juan Carlos Quiroga Moyano, Miguel Vega, Marta Gramajo, Emilio Escudero, Jorge Castañeda, Fernanda Paredes, Stella Maris Caparros, Cristina López, Pedro Albagli, Washington Ortiz, Mario Herrero y Graciela Seva.
El debate de fondo: quién pone el dinero
Detrás de la discusión fiscal aparece una pregunta más amplia sobre el rol del Estado. En un contexto donde el presidente Javier Milei insiste con la idea de eliminar al Estado por considerarlo un obstáculo que le roba a la gente, el proyecto pone sobre la mesa quién financiará las obras y los gastos que demandará El Niño.
El domingo pasado, Diario Canal 13 publicó un texto sobre el fenómeno climático y el rol del Estado en tiempos libertarios. La duda que plantea es qué pasará con quienes no tienen recursos para pagar los servicios que ofrece el mercado, desde la seguridad hasta un seguro contra tormentas, crecidas e inundaciones.
El proyecto abre justamente ese interrogante: con qué dinero se enfrentarán los gastos que demanda El Niño, quién pondrá los recursos para las obras y qué fondos estarán disponibles para asumir las pérdidas en infraestructura, viviendas y producción. Ese es el debate que se está dando en la Legislatura.
