La comunidad de Caspalá denunció en 2023 presuntas irregularidades en la obra de su escuela y la causa llegó hasta la Justicia Federal. Ahora seis ex funcionarios quedaron sobreseídos: qué se resolvió sobre los fondos nacionales.
La jueza federal María Catalano resolvió el sobreseimiento de seis ex funcionarios provinciales investigados por presuntas irregularidades en la construcción de una escuela en Caspalá, Jujuy. La decisión se tomó el miércoles 11 de noviembre, en el marco de una audiencia de control de acusación en la que la Fiscalía buscaba llevar el caso a juicio.
El abogado Federico Llermanos (MP 2760), defensor de dos de los imputados, explicó los alcances del fallo y sostuvo que la magistrada entendió que los hechos investigados no constituían delito.
“Desde la magistratura se ha resuelto y ha determinado, en una audiencia de más de una hora de alocución por parte de la magistrada en su resolución, que no se ha encontrado delito alguno y se ha dictado el sobreseimiento absoluto y definitivo para los seis funcionarios provinciales”, afirmó el letrado.
Por qué la jueza desestimó la acusación
Consultado sobre los argumentos de la resolución, Llermanos indicó que la acusación apuntaba al presunto uso de documentación adulterada para obtener fondos nacionales destinados a la construcción de una escuela.
“En cuanto a los fundamentos, es la falta de tipificación legal, es decir que acá no estamos en presencia de un hecho ilícito que era el que se estaba investigando”, señaló.
Y agregó cuál era la hipótesis que se venía investigando: “Acá lo que se investigaba era una supuesta utilización de un instrumento público adulterado a los fines de defraudar al Estado Nacional con la finalidad de hacer una escuela en la localidad de Caspalá”.
El abogado también se refirió al origen de la causa y recordó que la denuncia la presentó parte de la comunidad de Caspalá en 2023.
“La denuncia la presentó parte de la comunidad en su momento, en el año 2023. Es una denuncia que comenzó por supuesto incumplimiento, afectaba a la comunidad, ya sea la comunidad originaria, que habían cuestiones patrimoniales arqueológicas a preservar”, manifestó. Según su relato, la imputación por el presunto uso de documentación falsa o adulterada para defraudar al Estado Nacional se formalizó durante 2024.
Qué pasó con los fondos nacionales para la escuela
Uno de los ejes de la entrevista fue el destino del financiamiento que el Gobierno nacional había enviado para levantar el establecimiento educativo.
“Lo que se ha podido determinar es que, en rigor de verdad, ello no es así, ya que el Estado Nacional en todo momento estuvo en conocimiento de cuál era la situación en Caspalá y ha otorgado el financiamiento para esta escuela que se iba a construir y que lamentablemente, a raíz del conflicto, se ha visto paralizada”, sostuvo Llermanos.
El letrado aseguró además que hubo certificaciones de los trabajos realizados.
“Los fondos llegaron a la localidad de Caspalá, hubo avance de obra, existieron cuatro certificaciones de obras donde se ha podido demostrar que el avance de obra era correcto y adecuado a lo depositado y al avance de la misma”, afirmó.
Según su interpretación de la acusación, la investigación no estaba centrada en una supuesta apropiación personal de los fondos.
La Fiscalía y la querella aún pueden apelar
Llermanos aclaró que, pese al sobreseimiento dictado en la audiencia, quedan instancias procesales para impugnar la decisión.
“Existen plazos procesales para recurrir por parte de la Fiscalía como así también de la querella. Sin embargo, entendemos que los fundamentos otorgados por la doctora Catalano han sido absolutamente sólidos y contundentes”, sostuvo.
El abogado remarcó que se trata de una resolución poco habitual en esta etapa del proceso penal.
Por último, explicó qué ocurriría si las partes no presentan recursos o si el sobreseimiento es confirmado por una instancia superior.
“De sostenerse esta resolución y de que ya sea confirmada en un tribunal de impugnación o que no recurra la Fiscalía o la querella, ya queda cerrada definitivamente la instancia con un sobreseimiento total y definitivo para los funcionarios”, concluyó.
Con esta resolución, los seis exfuncionarios quedan sobreseídos, aunque resta saber si la Fiscalía Federal o la querella apelarán la decisión de la jueza María Catalano.
