El tope de emisiones que el Gobierno subió en vez de bajar, y el número que lo delata
El Gobierno presentó por fin su nueva hoja de ruta climática ante la ONU, con dos años de demora. Un experto argentino la comparó con sus metas para ir al gimnasio y hay un número del documento que explica por qué.
Después de casi dos años de espera, el Gobierno subió a la base de datos de Naciones Unidas su nueva hoja de ruta climática. El documento, conocido como Contribución Nacional Determinada (NDC), es el que fija cuánto se propone emitir la Argentina, y llegó en el arranque de la COP31 en Antalya, Turquía. Pero lejos de endurecer el compromiso, el nuevo techo de emisiones es más alto que el anterior y se proyecta cinco años más allá.
La presentación coincidió con el inicio de la cumbre climática, y tanto la demora como el contenido quedaron bajo la lupa de asesores y organizaciones que siguen de cerca la política ambiental del país.
Un techo que sube en lugar de bajar
El número central del documento es el límite de emisiones de gases de efecto invernadero que el país se autoimpone. En la versión previa, el tope era de 359 millones de toneladas de CO₂ equivalente para 2030. La nueva propuesta lo lleva a 375 millones de toneladas para 2035, es decir, un techo más alto y estirado en el tiempo.
Para dimensionar la cifra: en 2022, el último año con registro oficial, la Argentina emitió 401 millones de toneladas. El Ejecutivo sostiene que su objetivo implica una reducción del 17%, pero toma como punto de partida el máximo histórico, que se registró en 2007. Un análisis preliminar del think tank Common plantea que la referencia correcta debería ser 2022, cuando se presentó la NDC anterior, y en ese caso la baja sería bastante menor.
El Acuerdo de París, que la Argentina ratificó por la Ley 27.270, establece que cada cinco años los países deben actualizar sus contribuciones y elevar progresivamente su ambición. Para los especialistas, este documento va en la dirección contraria.
La ironía de un experto argentino
"Me hace acordar a mis metas para ir al gimnasio", lanzó Óscar Soria, experto argentino en negociaciones climáticas y CEO de Common, al analizar el texto. La frase resume el malestar del sector: el compromiso existe en el papel, pero la ambición queda en deuda.
Según las fuentes consultadas, el aumento del límite podría estar vinculado a la expansión de sectores altamente emisores. En el país, el sector energético explica alrededor del 50% de las emisiones, y el agroganadero-forestal aporta entre el 25% y el 40%. A nivel global, la Argentina representa menos del 1% del total.
Qué dice el documento sobre género y mercados de carbono
El texto también introduce un giro en materia de género. El Ejecutivo dejó asentado que entiende el término "de conformidad con el artículo 7.3 del Estatuto de Roma", que lo refiere a "los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad", y aclara que no tendrá otra acepción. Además, el documento incorpora instrumentos que antes no figuraban, como los mercados de carbono.
Por otro lado, el Gobierno afirma haber mejorado la metodología para medir emisiones, con estimaciones más precisas que alcanzan al 79% del total, y sumó metas de adaptación al cambio climático y de respuesta ante pérdidas y daños por fenómenos extremos. Common reconoció esos avances técnicos, pero advirtió que no se traducen necesariamente en un mayor esfuerzo para reducir las emisiones.
Sin metas intermedias ni forma de verificarlas
El análisis del think tank señaló otro punto débil: el documento fija compromisos para 2030 y 2035, pero no establece objetivos para los años intermedios ni un presupuesto de carbono que permita seguir la evolución de las emisiones entre 2021 y ese último año.
Mariano Villares, director y cofundador de Sustentabilidad sin Fronteras y del Observatorio Nacional de Acción Climática, aseguró que casi el 90% de los objetivos climáticos que monitorean "están fuera de la trayectoria esperada". Y agregó: "Argentina necesita transformar sus compromisos en políticas concretas, con recursos, responsables y resultados verificables".
Tanto Villares como Soria cuestionaron la falta de indicadores verificables en los compromisos de adaptación y de respuesta ante pérdidas y daños: el texto los incluye, pero no aporta líneas de base suficientes, metas cuantificables ni mecanismos para evaluar su cumplimiento.
La demora y una sospecha que apunta a la OCDE
El documento estuvo listo hace dos años. Durante 2025, el entonces subsecretario de Ambiente Fernando Brom había organizado el viaje para presentarlo e incluso convocó a una conferencia de prensa antes de la COP30 para anunciar su publicación. Sin embargo, el envío a Naciones Unidas nunca se concretó y Brom no viajó a la cumbre de Belém. Desde el área de Ambiente dijeron que el reporte quedó frenado en la Cancillería a la espera de la firma del ministro Pablo Quirno. Las razones de la demora no están claras y la Cancillería no respondió a las consultas periodísticas.
Villares arriesgó una hipótesis: "Pensamos que hay intereses que forzaron al Ejecutivo a entregarla, pero estos están muy lejos del quehacer ambiental. Puede ser por la intención de impulsar los mercados de carbono para lograr pertenecer a la OCDE".
Justamente, la semana pasada el Senado dio media sanción a un marco regulatorio para los mercados de carbono, mecanismos que asignan un precio a las emisiones y permiten comprar y vender créditos por reducciones o capturas. Las empresas que emiten pueden compensar parte de su huella comprando esos créditos, mientras que proyectos de conservación de bosques, reforestación o energías renovables reciben dinero por capturar carbono.
El lunes próximo, una delegación encabezada por Eliana Saissac, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería, iniciará dos semanas de negociaciones en la COP31 en Turquía.
