¿Qué fue lo que el propio Bonarrico declaró y que el tribunal usó en su contra para rechazarle los $36 millones? La sentencia ya tiene apelación y el caso sigue abierto.
El pastor y exsenador provincial Héctor Hugo Bonarrico acumuló un nuevo capítulo en su pulseada judicial con el Estado mendocino. El Tercer Tribunal de Gestión Asociada rechazó su demanda por $36 millones contra el Gobierno de Mendoza, el exgobernador Rodolfo Suarez y el exministro de Gobierno Víctor Ibáñez Rosaz, y le cargó las costas del proceso. La sentencia, del 27 de octubre, ya fue apelada.
El fallo no solo le cerró la puerta al reclamo indemnizatorio: también fijó honorarios profesionales por $16.128.000, que abarcan a los abogados de todas las partes y a una perito psicóloga. Ese número no es todavía la cifra final que Bonarrico deberá desembolsar, ya que podrían sumarse honorarios complementarios y el IVA correspondiente.
La apelación que mantiene abierta la causa
La defensa del exlegislador no se quedó quieta. El 3 de noviembre, su abogado Roberto Walter Espasandín presentó un recurso de apelación, que el tribunal concedió dos días después, el jueves 5. Con ese paso, el expediente sube a una instancia superior y la sentencia todavía no quedó firme: ni el rechazo de la indemnización ni la imposición de costas son definitivos hasta que una Cámara revise el fallo.
Qué había reclamado Bonarrico
La demanda se había presentado el 30 de noviembre de 2023. Bonarrico sostenía que su reputación personal, política y religiosa había quedado dañada por las actuaciones del Gobierno provincial en el marco del escándalo por el convenio entre el Ejecutivo y la Fundación Acción Social, que él mismo presidía.
Todo había arrancado en mayo de 2022, cuando se conoció públicamente un acuerdo que preveía financiar actividades sociales y capacitaciones por hasta $9 millones anuales, repartidos en cuatro desembolsos con rendición de cuentas. Una entrevista que Bonarrico dio al periodista Marcelo Arce encendió la polémica sobre una posible relación entre esos fondos y un entendimiento electoral entre el oficialismo provincial y el espacio político del pastor.
Con la repercusión pública encima, la administración de Suarez anuló el convenio y presentó una denuncia para que se investigara una eventual irregularidad. La causa penal terminó archivada el 20 de octubre de 2022, sin elementos que acreditaran una conducta delictiva.
Para Bonarrico, aquella denuncia y las declaraciones de los funcionarios habían afectado su honor. Por eso llevó el conflicto a la Justicia civil contra la Provincia y los dos exfuncionarios.
Por qué el tribunal falló en contra
Al analizar las pruebas, el tribunal concluyó que no se acreditó una actuación deliberadamente falsa ni una negligencia grave de los demandados. También entendió que la presentación judicial había respondido a las responsabilidades institucionales de los funcionarios frente a las sospechas sobre el destino de fondos públicos.
La sentencia le dio un peso especial a las declaraciones iniciales del propio Bonarrico. Según el criterio judicial, sus explicaciones sobre el convenio habían generado dudas que justificaban el posterior examen público e institucional del acuerdo. En ese marco se analizaron 26 publicaciones periodísticas y entrevistas televisivas incorporadas al expediente, y el tribunal descartó que las manifestaciones de Suarez e Ibáñez constituyeran expresiones jurídicamente injuriantes.
Como Bonarrico resultó vencido, la resolución le impuso las costas. Del total de honorarios regulados, $8.640.000 corresponden a los profesionales de las partes demandadas, $6.048.000 a los abogados del exsenador y $1.440.000 a la perito psicóloga.
Un antecedente que sigue sin confirmarse
El expediente tiene además otro punto llamativo. Mendoza Post había informado en su columna política El Quincho que Bonarrico solicitaba el beneficio de litigar sin gastos en sus presentaciones judiciales. Sin embargo, la documentación examinada no permite establecer que ese beneficio haya sido otorgado en esta causa.
Ahora la pelota queda en manos de la Cámara. Hasta que haya una decisión firme, el rechazo de la indemnización y la imposición de costas seguirán atados al resultado del trámite judicial.
