El STJ pidió una medida urgente por las visitas en las cárceles entrerrianas

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos puso la lupa sobre las condiciones en que se alojan las personas privadas de libertad y, tras una reunión con las autoridades del Servicio Penitenciario, reclamó un cambio concreto en el régimen de visitas.

El encuentro se realizó el miércoles 4 de noviembre y reunió a los vocales Miguel Ángel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak con el director general de Integridad Profesional, Raúl Avero; el titular del Servicio Penitenciario, Aníbal Alejandro Miotti; el subdirector Santiago García y la directora de Tratamiento Penitenciario, Mariela Pérez.

Los funcionarios penitenciarios llevaron la información que la Sala Penal había solicitado antes y explicaron qué medidas tomaron frente a los planteos por las condiciones de alojamiento.

Qué se come y cómo se compra en las unidades penales

Uno de los ejes del encuentro fue la alimentación diaria. Desde el Servicio Penitenciario detallaron que cada unidad penal maneja su propio presupuesto para comprar alimentos e insumos, con proveedores locales, y que eso permite armar un menú semanal.

También contemplan dietas especiales para quienes necesitan una alimentación diferenciada por indicación médica. El área de Sanidad de cada establecimiento es la encargada de supervisar las comidas, según expusieron ante el STJ.

Visitas: la circular de la pandemia que piden derogar

El régimen de visitas fue otro de los puntos centrales. Hoy el ingreso de familiares exige acreditar el vínculo y cumplir con las disposiciones del Servicio Penitenciario. Las autoridades explicaron que las limitaciones que se implementaron durante la pandemia siguen vigentes por motivos de seguridad y organización, y argumentaron que una ampliación considerable de visitantes complicaría las tareas de identificación, control y verificación de vínculos.

Frente a eso, la Sala Penal solicitó la derogación de la circular que se puso en vigencia en la pandemia y pidió que se garanticen las visitas de familiares y allegados conforme a la legislación vigente.

Acercamientos familiares y traslados

En cuanto al mantenimiento de los vínculos, el Servicio Penitenciario informó que el área de Servicio Social entrevista periódicamente a las personas privadas de libertad para conocer sus necesidades y situaciones particulares.

Cuando las circunstancias lo requieren, se gestionan acercamientos a unidades penales cercanas al domicilio de los familiares y se promueve el uso de videollamadas. La institución aclaró que no tiene responsabilidad sobre el traslado de los familiares hasta los establecimientos, aunque señaló que busca facilitar los acercamientos para que las distancias no agraven las condiciones de detención.

216 personas bajo supervisión electrónica

La reunión también sirvió para presentar un informe del Centro de Monitoreo Electrónico, elaborado por el jefe del Departamento de Seguridad Informática y Monitoreo Electrónico, Carlos Salomón. El documento indica que el sistema supervisa a 216 personas distribuidas en 28 localidades de Entre Ríos.

El organismo cuenta con 240 dispositivos: 216 están instalados y en funcionamiento, y los 24 restantes integran la reserva técnica. De esos 24, 16 están en reparación y solo ocho quedan disponibles para reemplazos y contingencias.

Las personas supervisadas se reparten en tres modalidades: 39 procesados con arresto domiciliario mediante dispositivos C/E4, 153 condenados con arresto domiciliario y seguimiento GPS, y 24 internos con autorizaciones para salidas laborales o familiares.

Un sistema al límite de su capacidad

Paraná concentra la mayor cantidad de casos, con 85. Le siguen Concordia, con 60; Concepción del Uruguay, con 17; y Gualeguaychú, con 10.

El Centro dispone de 12 funcionarios para tareas de supervisión y cinco técnicos. El servicio funciona las 24 horas, todo el año, con guardias rotativas. Su sistema informático registra unos 6.000 eventos diarios, de los cuales entre 400 y 500 requieren atención o intervención de los operadores.

Las tareas incluyen el seguimiento de alertas, la verificación de desplazamientos autorizados, las comunicaciones con las personas supervisadas y la coordinación con organismos judiciales y policiales. También se interviene ante emergencias médicas y situaciones que puedan comprometer la seguridad de las víctimas.

Desde el Servicio Penitenciario destacaron que el monitoreo electrónico permite controlar el cumplimiento de medidas judiciales fuera de las cárceles y reduce la ocupación de plazas en las unidades penales. Sin embargo, el relevamiento dejó en evidencia que el sistema opera prácticamente al límite, con apenas ocho equipos disponibles como reserva, y planteó la necesidad de fortalecer los recursos humanos y los medios de movilidad para sostener el servicio en todo el territorio provincial.