Agmer se sentó con los diputados del PJ: los números de la educación entrerriana que encendieron las alarmas

La conducción de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) mantuvo un encuentro con el bloque de diputados del Partido Justicialista y puso sobre la mesa un diagnóstico que incomoda: el impacto del ajuste salarial y las previsiones del proyecto de Presupuesto 2027 para el sistema educativo provincial.

La reunión sirvió para que el gremio docente expusiera sus observaciones sobre las partidas destinadas a sueldos, cobertura de cargos, infraestructura y financiamiento general de las escuelas. Según detallaron desde Agmer, el análisis no se limitó a lo salarial: también se exigió que el debate incorpore los recursos para garantizar una alimentación saludable en los comedores escolares.

El lugar 23 del ranking y la paritaria que no cierra

Uno de los puntos que más peso tuvo en la conversación fue la posición que ocupa la provincia en el ordenamiento de los salarios docentes del país. Entre Ríos aparece hoy en el puesto 23, un dato que el bloque opositor atribuyó a una seguidilla de paritarias cerradas con aumentos insuficientes por decreto.

“Esta realidad es producto de sucesivas instancias paritarias que el Gobierno provincial cierra otorgando aumentos insuficientes por decreto que continúan deteriorando el poder adquisitivo del salario frente a los porcentajes de inflación”, sostuvieron desde el bloque del PJ.

La lectura que hicieron los legisladores sobre el proyecto de Presupuesto fue dura: advirtieron que las partidas “no se condicen con el discurso gubernamental, sino que ratifican la intención de desgastar el sistema educativo público, marcado por el retiro del Estado de responsabilidades que le son propias”.

La ley de emergencia educativa y las negativas a financiar

En materia de recursos, desde el bloque señalaron que los funcionarios provinciales rechazan de manera sistemática el financiamiento de gastos considerados indispensables, con el argumento de que la legislación vigente lo impide. La objeción que plantearon es concreta: en la provincia rige la Ley de Emergencia Pública en Materia Educativa.

“Permanentemente los funcionarios provinciales se niegan a financiar gastos que resultan absolutamente necesarios, argumentando la imposibilidad que marcaría la legislación vigente”, indicaron.

Salud laboral, cargos vacantes y sobrecarga

Durante el encuentro también se presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de Salud Laboral Docente que realizó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), un relevamiento que retrata el estado de situación salarial, socioeconómico, laboral, de salud y de género de quienes ejercen la docencia.

El cuadro que se describió incluye problemáticas que se profundizan: endeudamiento creciente, casos graves vinculados a la salud mental, falta de cobertura de cargos ante la ausencia de una ley específica, sobrecarga laboral y escasez de personal auxiliar.

Escuelas que se caen y tres años sin licitaciones

El deterioro edilicio de los establecimientos fue otro de los ejes del encuentro. Agmer y los diputados pusieron el foco en el impacto de las emergencias climáticas y meteorológicas, cuyas consecuencias podrían agravarse por la falta de detección anticipada de falencias estructurales.

A eso se suman los problemas de intransitabilidad en los caminos rurales y el deterioro de la red vial troncal, que complican el acceso a las escuelas del interior. En cuanto a la obra pública educativa, se remarcó un dato contundente: en los últimos tres años no se realizó ninguna licitación para construir una escuela nueva en Entre Ríos.

Lo que hubo fueron arreglos menores, denominados eufemísticamente “intervenciones”, con una inversión que decrece y un traslado permanente de los costos de reparación hacia las cooperadoras escolares.

El SAGE, la conexión que no existe y la letra chica del CGE

Los representantes docentes manifestaron preocupación por lo que consideran un desconocimiento del sistema educativo provincial por parte de las autoridades del Consejo General de Educación (CGE). También advirtieron sobre la implementación de un esquema administrativo de persecución o sanciones a directivos y docentes, y sobre la falta de transparencia en la ejecución y el destino de los fondos presupuestarios e impositivos.

Hubo espacio para los ejemplos que rozan el absurdo: la exigencia de cargar la asistencia en el sistema SAGE, que requiere conexión a internet, cuando gran parte de los establecimientos educativos de la provincia no cuentan con ese servicio pagado por el Estado entrerriano.

Formación docente, nivel inicial y la reforma laboral que preocupa

Otro de los temas planteados fue la inquietud por políticas que apuntan a achicar o cerrar las carreras de formación docente, en una línea similar a medidas ya aplicadas en otras jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires. Se señaló además la inacción del CGE para llevar adelante la readecuación curricular de esas carreras, en un contexto que las autoridades provinciales, según los docentes, le restan importancia y apoyo a la formación.

Finalmente, se expuso la preocupación por las políticas relacionadas con el nivel inicial y por el impacto que tendría sobre el sector si se convierte en ley el proyecto del oficialismo para reformar el Código Procesal Laboral provincial, que actualmente está en tratamiento en la Legislatura.