La Provincia pone $12.000 millones por mes, pero desde Aetat aseguran que no alcanza: reclaman que la Nación baje impuestos al gasoil y advierten qué pasaría con la tarifa si ese respaldo desaparece.
El sistema de transporte público de Tucumán sigue bajo la lupa del sector empresario. Mientras la Provincia desembolsa cerca de $12.000 millones por mes para sostener el servicio, desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) aseguran que esa inyección de fondos no alcanza para resolver los problemas de fondo y advierten que, sin asistencia estatal, el boleto debería costar unos $3.500.
La estimación la planteó Jorge Berretta, vicepresidente de la entidad, en declaraciones a LA GACETA. El dirigente aclaró que la cifra global que aporta el Estado provincial no se traduce íntegramente en subsidios a la tarifa: incluye otros conceptos que también sostienen el sistema.
Para qué alcanzan los $12.000 millones
Berretta detalló que alrededor de $5.500 millones se destinan específicamente a compensaciones tarifarias. El resto cubre beneficios como el boleto gratuito para más de 100.000 estudiantes y los 16 viajes mensuales de los que disponen entre 85.000 y 95.000 jubilados.
En esos dos casos, el reparto no es completo: el Gobierno provincial financia la mitad y las empresas absorben la otra parte. Además, entre el 33% y el 35% de los fondos que van a compensaciones se distribuye al transporte urbano municipal.
Los costos que empujan la tarifa
Para justificar el cálculo de un boleto de $3.500 sin subsidios, el vicepresidente de Aetat enumeró los componentes que definen el precio del servicio: salarios, cargas sociales, combustible, insumos y renovación de unidades. A eso se suman los aumentos que se acumulan mes a mes en la operación.
Como muestra, mencionó que el gasoil subió un 10% en la última semana y que los salarios del sector treparon un 11,7% el mes pasado. Esas variaciones, explicó, obligan a recalcular los costos de manera permanente.
A la presión de los gastos se le suma otro problema: cada vez viaja menos gente. Según las estimaciones de Berretta, el sistema mueve hoy entre un 45% y un 50% menos de pasajeros que en 2019, el último año antes de la pandemia. Con menos boletos vendidos, los mismos gastos se reparten entre menos ingresos.
El pedido al Gobierno nacional
Berretta ubicó a Tucumán entre las provincias mejor posicionadas del Norte Grande y contrastó con la situación de Salta, tomada históricamente como modelo en transporte, que debió recortar servicios. También señaló que Tucumán y Salta están entre las jurisdicciones de la región que pagan salarios actualizados en línea con los del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Frente a ese panorama, reclamó que la Nación reconozca las necesidades del transporte del interior. Su propuesta concreta es bajar la carga impositiva sobre el gasoil y establecer mecanismos de compensación para las petroleras. Según precisó, el 35% del precio del combustible corresponde a impuestos y hay otro 15% sobre el que podrían aplicarse beneficios fiscales.
“Es el momento de que la Nación compense al interior del país, aunque sea de esta manera, sin mandar plata, sino bajando impuestos”, sostuvo.
El empresario consideró que una medida así permitiría sostener las tarifas por un tiempo y aliviar la presión sobre los usuarios. Anticipó que llevará el planteo a diputados, senadores y autoridades nacionales, después de que las gestiones realizadas a través de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) no obtuvieran respuestas favorables.
Reestructurar el sistema, la otra pata del reclamo
Para Berretta, reducir el costo del combustible sería apenas un primer paso. Sostuvo que el sistema necesita una reestructuración integral y una discusión de fondo sobre qué modelo de transporte público quieren la Provincia y los municipios.
Entre las iniciativas que propuso aparece ampliar los carriles exclusivos y definir entre cuatro y seis arterias prioritarias para la circulación de colectivos, con el objetivo de agilizar los recorridos y mejorar la prestación.
También pidió revisar la regulación de las aplicaciones de transporte. Puso como ejemplo el caso de Córdoba, donde se habilitaron aplicaciones para vehículos particulares pero no las modalidades de motos, una diferencia que atribuyó a cuestiones de seguridad y a la falta de seguros que cubran a los pasajeros.
“El transporte público tiene prioridad en todo el mundo. Y en todo el mundo es subsidiado”, afirmó Berretta.
