El basural de Río Gallegos ya tapó 5.000 hectáreas de una estancia y el dueño tomó una drástica decisión

Javier Álvarez Vento, administrador de la estancia Punta Loyola, denunció que el vaciadero municipal de Río Gallegos invade el campo con plásticos desde hace tres años y que debieron vender las vacas para evitar que se envenenen. La situación derivó en un amparo contra la Municipalidad que está a punto de resolverse.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Álvarez Vento describió el avance imparable de los residuos: "Ya teníamos las 5.000 hectáreas tapadas de bolsa, empezaron a tirar basura y cuando fue el primer ventarrón las desparramó".

El basural comenzó a funcionar hace tres años y, según el administrador, el impacto se notó casi de inmediato. Las bolsas quedan atrapadas en las matas y se acumulan en los mismos sitios. Con los vientos fuertes, algunas llegan a volar hasta 3.000 metros.

"Cada vez hay más plástico, o sea la misma mata antes tenía una bolsa y ahora tiene 40 ó 50 bolsas pegadas y es lo que va quedando", explicó.

Un estudio midió la magnitud de la contaminación

Para dimensionar el problema, contrataron a personas que hicieron un relevamiento con muestras cada 20 metros. Así identificaron una zona de dispersión de entre 2.800 y 3.000 metros de largo por unos 2.000 metros de ancho, principalmente hacia el oeste y el suroeste por la dirección predominante de los vientos.

"Esa es la pluma más importante, lo que se llama la pluma de dispersión", señaló. También aclaró que hay residuos en otros sectores, aunque en menor cantidad.

El campo quedó inutilizado para la producción

La presencia de plástico representa un riesgo para los animales, por lo que la estancia debió modificar su actividad. "Por prevención tuvimos que vender las vacas, ahí trabajábamos mucho con vacas, como está cerca de la ciudad, y ahora hubo que sacarlas", contó.

Álvarez Vento describió la evolución del terreno: el primer año había bolsas sobre las matas pero el suelo debajo permanecía intacto; el segundo año aparecieron papel y bolsas trituradas; hoy se ven distintas combinaciones de residuos.

"Hoy ya es un peligro usarlo, no lo usamos para nada", afirmó. Y agregó: "Si vos metés animales ahí, los estás sometiendo a una situación riesgosa o los estás sentenciando a que se envenenen, por eso nosotros lo que hacemos es prevenir no poniendo hacienda".

El proyecto original que nunca se completó

Según el administrador, la contaminación podría haberse evitado si se hubiera respetado el proyecto original. El lugar fue construido entre 2018 y 2019 para funcionar como un relleno sanitario de basura compactada, que debía recibir residuos previamente tratados en la ciudad.

El estudio de impacto ambiental se realizó en 2017 y, tras la obra, quedó pendiente la otra parte: la separación de residuos y la compactación de los no reciclables. Álvarez Vento lo comparó con el sistema del CEAMSE en Buenos Aires, donde los residuos llegan compactados en paquetes que el viento no puede dispersar.

"Todo el trabajo que venimos haciendo es porque es completamente evitable", remarcó. Y señaló que el principal pedido es que dejen de arrojar bolsas sin compactar: "Yo no puedo pensar a futuro si mañana me seguís tirando, me seguís tirando, me seguís tirando".

Su objetivo es que, una vez que cese esa modalidad, se pueda alambrar el sector afectado y recuperar el resto del establecimiento, delimitando las áreas sin plástico.

La causa judicial y la decisión de la jueza

En el marco del reclamo, se llevó adelante una audiencia semi-informativa. La primera fue en agosto de 2025, cuando subrogaba el juez Bersanelli, quien solicitó un plano a la Municipalidad y dispuso una inspección ocular que se concretó en diciembre de ese año.

Luego de la inspección llegó la feria judicial y la causa quedó demorada porque el juzgado no tenía un juez a cargo. La situación cambió con la asunción de la jueza Aguiar, a fines de agosto, quien tomó intervención y pidió una nueva audiencia.

En el último encuentro, la jueza manifestó que ya conocía la causa pero quería saber si había habido modificaciones durante el último año. Uno de los puntos positivos, según Álvarez Vento, fue que rechazó unificar la causa de la estancia con el amparo por el basural de Río Gallegos.

"La jueza marcó el criterio de que ella no las va a unificar porque entiende que son dos causas similares, pero separadas, que no es una consecuencia de la otra, así que estamos muy contentos", expresó.

Además, destacó que la magistrada manifestó su intención de dictar sentencia durante este mes. Mientras tanto, otorgó cinco días hábiles a la Municipalidad y a la empresa para presentar el plan que habían mencionado en la audiencia. "Después de eso la jueza ya está lista para determinar la sentencia", indicó.

Por qué la demanda apunta contra el Municipio

Álvarez Vento explicó que el amparo se presentó directamente contra la Municipalidad de Río Gallegos porque "es la que contrató a una empresa para que haga un trabajo y es la que tiene que verificar que lo esté haciendo bien". También dijo que no iniciaron la acción contra una empresa en particular porque, si esa firma se retirara y fuera reemplazada por otra, el problema podría continuar y deberían comenzar un nuevo proceso judicial.

"Estamos protegiendo nuestra fuente de trabajo y nuestro modo de vida", afirmó. Y rechazó que haya una motivación política detrás del reclamo: la decisión de hacer público el conflicto busca encontrar una solución y proteger la continuidad de la estancia, que lleva 140 años de producción en la zona.

"Principalmente, lo que estamos protegiendo es nuestra fuente de trabajo, nuestro modo de vida también. Porque el basural atenta directamente contra nuestro modo de vida y nuestra actividad económica", sostuvo.

"Nosotros lo que queremos es que se hagan las cosas bien y que cumplan con el estudio de impacto ambiental, que es algo que ya se definió hace 10 años", concluyó.