Rogelio fue encargado administrativo de la vieja empresa estatal de energía. Tres décadas después, él y cientos de compañeros reclaman lo que consideran una deuda impaga de Edesa, con cifras que superan los $20 millones por cabeza. Pero la causa judicial sumó un episodio que nadie esperaba.
Un grupo de extrabajadores de la vieja Dirección Provincial de Energía sostiene que la distribuidora Edesa nunca les pagó los dividendos de las acciones que recibieron cuando el servicio se privatizó, en 1996. La deuda estimada supera los $20.000.000 por cada titular y ya derivó en un pedido de embargo millonario que, según los reclaman, sigue sin concretarse.
La voz que puso el tema sobre la mesa fue la de Rogelio, exencargado del área administrativa de la empresa estatal, en diálogo con el ciclo de streaming de Que Pasa Salta. Allí describió una pelea legal que lleva tres décadas y que hoy incluye a jubilados y a los herederos de compañeros que ya murieron.
Qué pasó en 1996 con las acciones clase C
Cuando la Provincia avanzó con la privatización del servicio eléctrico puso en marcha el Programa de Propiedad Participada. A través de ese esquema, los cerca de 640 empleados que quedaron desvinculados o fueron absorbidos por la nueva estructura pasaron a ser dueños del 10% del paquete accionario mediante las denominadas acciones clase C.
Según el relato del extrabajador, ese carácter de accionistas estaba reconocido por decreto del Estado provincial. Con los años, a muchos de sus compañeros les abonaron sumas menores por los títulos, pero nunca se liquidaron los dividendos ni las ganancias operativas que generó la distribuidora en todo este tiempo.
"Nosotros éramos accionistas reconocidos por decreto del Estado provincial. Con el paso de los años, a muchos compañeros les pagaron migajas por los títulos, pero lo que nunca nos liquidaron en estos 30 años fueron los dividendos y las ganancias operativas reales que generó Edesa", afirmó Rogelio durante la entrevista.
Las cifras del reclamo
La comisión de exempleados hizo sus propios cálculos y los números que maneja son contundentes. La deuda individual estimada supera los $20.000.000 para cada extrabajador o para sus derechohabientes.
El universo original de afectados es de 640 titulares distribuidos en toda la provincia. De ese total, un núcleo activo de más de 150 familias se agrupó para impulsar las presentaciones judiciales que encabeza la agrupación.
Embargo por $16.000 millones y sospechas por la demora
Ante lo que consideran dilaciones administrativas, los extrabajadores fueron al fuero Contencioso Administrativo de Salta y presentaron una medida cautelar. En concreto, pidieron un embargo preventivo por $16.000 millones contra las cuentas de la empresa para garantizar el cumplimiento de las acreencias.
Sin embargo, el entrevistado denunció irregularidades y demoras que no logra explicar. Según su versión, el juez tenía entre tres y cinco días para notificar formalmente a Edesa y trabar el embargo, pero cuando está por cumplirse un año la notificación nunca se concretó.
"El juez tenía entre 3 y 5 días para cursar la notificación formal a Edesa y trabar el embargo, pero ya va a cumplirse un año y la notificación nunca se concretó. Para colmo, el mismo día en que nuestros abogados mantuvieron una reunión privada con el magistrado, presentaron la renuncia intempestiva a representarnos. Es muy llamativo todo lo que pasa cuando hay tanto dinero en juego", disparó el referente.
El pedido que ahora apunta al Ejecutivo provincial
Sin avances en los despachos judiciales, los exempleados cambiaron de estrategia y buscaron apoyo político. Le pidieron al Ejecutivo provincial que, en su doble rol de accionista y poder concedente del servicio, obligue a la distribuidora a sentarse a negociar y a saldar una deuda que ya lleva 30 años sin resolverse.
