253 edificios, un solo medidor para todo el inmueble y hasta garrafas en el pasillo: así viven miles de tucumanos que compraron su departamento pero nunca recibieron el título.
En San Miguel de Tucumán hay 253 edificios que nunca obtuvieron el certificado de final de obra. Detrás de esa cifra administrativa hay miles de vecinos que no saben cuánto van a pagar de luz, agua o gas, que no pueden acceder a subsidios energéticos y que, en algunos casos, jamás recibieron el título de propiedad de su departamento.
El dato lo presentó la municipalidad ante el Concejo Deliberante. Con ese panorama sobre la mesa, el concejal Leandro Argañaraz impulsa un proyecto para crear un régimen especial de regularización que destrabe la situación de esas construcciones y, al mismo tiempo, les dé una respuesta a quienes las habitan.
“Más que la regulación que tenemos, hace falta una regularización de algo que ya existe”, planteó el edil. Su estimación es que entre 15.000 y 20.000 personas podrían estar alcanzadas por esta problemática.
No todos los casos son iguales
Argañaraz aclaró que los edificios no comparten las mismas dificultades. Hay inmuebles con trámites administrativos pendientes. Otros se construyeron con más metros cuadrados o más pisos de los que figuraban en los planos originales y necesitan gestionar un conforme de obra. También están los casos de constructoras que quebraron o desaparecieron sin completar la documentación.
Y a eso se suman las situaciones más delicadas, en las que podrían existir fallas o daños estructurales. “De los 253 edificios no sabemos el número exacto de cuál es la situación de cada uno”, advirtió el concejal.
La garrafa en el pasillo y el medidor compartido
La falta del certificado no es un trámite que solo preocupa a los escribanos. Para los habitantes de esos departamentos, las consecuencias aparecen todos los días, desde cómo se reparten los gastos hasta la posibilidad de tener los servicios a su nombre.
En varios edificios hay un único medidor para todas las unidades, así que los residentes comparten los costos de electricidad, agua o gas sin una medición individual de lo que consume cada uno. Hay incluso inmuebles donde se usan garrafas en los pasillos.
“Hay gente que vive en edificios que tienen la garrafa en el pasillo, que no sabe cuánto va a pagar de luz, de agua o de gas porque tenés un solo medidor para todo el edificio”, describió Argañaraz.
El otro inconveniente tiene que ver con los subsidios energéticos. Sin la documentación que permita individualizar los servicios, los vecinos siguen pagando la electricidad como si se tratara de una obra en construcción y no pueden gestionar los beneficios que les corresponderían.
A eso se agregan las dificultades para organizar consorcios, administrar expensas y resolver cuestiones legales. En algunos casos, quienes compraron su departamento de buena fe mediante un boleto de compraventa nunca lograron obtener la escritura.
“Tenés gente que está viviendo en el aire y que no tiene certeza sobre cuál es efectivamente la situación de los departamentos en los que residen”, expresó el concejal.
Qué propone el proyecto
La iniciativa de Argañaraz plantea crear un registro que permita saber en detalle cómo está cada edificio. Podrían inscribirse las constructoras y los titulares de dominio, pero también quienes compraron de buena fe, los inquilinos, los tenedores y los poseedores de las unidades.
Con ese relevamiento como base, se avanzaría en los procedimientos administrativos necesarios para regularizar cada inmueble. En paralelo, el proyecto busca individualizar las unidades para que sus habitantes puedan acceder a los servicios públicos de manera independiente.
La meta es que los vecinos no queden atados a las empresas desarrolladoras o a los titulares de los edificios para destrabar una situación que, en muchos casos, lleva años sin respuesta.
El edil contó que recibió reclamos de propietarios, inquilinos y administradores que conviven con problemas legales y administrativos. También mencionó casos de desarrolladores que, después de cobrar las unidades, dejaron pendientes los trámites para completar la documentación.
Para Argañaraz, aunque el origen de muchos de estos conflictos está en relaciones contractuales entre privados, sus consecuencias justifican que intervenga el Estado.
“Hay un conflicto entre privados, sí, pero también tiene una afectación en general a la población. No podés decir que hay un conflicto entre privados cuando tenés un 10 % o un 15 % de la población en esta situación”, afirmó.
El proyecto ya ingresó al Concejo Deliberante y la intención es que se trate en comisiones. El concejal anticipó que seguirá impulsando la iniciativa y convocó a los vecinos afectados a sumarse a la discusión.
“El estado no puede seguir mirando para otro lado ante esta realidad”, concluyó.
