El intendente de Concepción denunció a la presidenta del Concejo por firmar 33 pases a planta sin la aprobación que exige el reglamento. Ahora la Justicia deberá decidir si esos decretos siguen en pie o caen, con un impacto de millones en juego.
El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, llevó el conflicto con el Concejo Deliberante a la Justicia. Presentó una demanda de nulidad ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo en la que denuncia una "usurpación de competencias" de la Presidencia del cuerpo que conduce Mercedes Benítez, por la oficialización de 33 pases a planta permanente de empleados legislativos.
La movida judicial fue difundida por el periodista Fernando Stanich y apunta al corazón del funcionamiento interno del Concejo: quién decide cuántos cargos se crean y cómo.
Los decretos que el Ejecutivo quiere anular
La presentación busca la nulidad absoluta de los decretos 1582/26, 1583/26 y 1584/26, firmados el 9 de septiembre por Benítez, y también del artículo 3 de la Ordenanza 63/26.
El municipio sostiene que la presidenta del Concejo vulneró el artículo 25 del Reglamento Interno, modificado por la Ordenanza 475. Esa norma establece que la Presidencia debe proponer al pleno la cantidad de cargos necesarios para que se aprueben por simple mayoría.
Para el Ejecutivo, enterarse de una resolución comunicada en sesión no equivale a la deliberación ni a la aprobación formal que exige la normativa vigente. Con ese argumento, el planteo pone en duda la validez formal del acto administrativo y también los intentos posteriores de convalidar las incorporaciones a través de la norma presupuestaria.
El antecedente del Presupuesto 2026
El escrito repasa lo que pasó durante el debate del Presupuesto General 2026, cuando el Concejo elevó la planta legislativa de 74 a 90 cargos. Molinuevo vetó parcialmente esa medida con el Decreto 354/2026, pero los concejales insistieron con la decisión.
El impacto en las arcas y el pedido cautelar
Con un impacto financiero estimado en 570 millones de pesos anuales para el municipio, el jefe comunal reclamó una medida cautelar de no innovar para frenar los efectos de los pases a planta.
Además, exigió la reserva urgente de las filmaciones sin editar de las sesiones del 10 y 23 de septiembre, material que considera prueba clave para la causa.
