Zona franca en el oeste: el juez federal aclaró qué pasó con el proyecto y qué rol juega Gendarmería en los cortes de ruta

La discusión por dónde se instalará la zona franca en Catamarca todavía no llegó de manera formal a la Justicia Federal. Lo confirmó el juez federal Miguel Ángel Contreras, quien aseguró que su juzgado no recibió consultas oficiales ni información que justifique una intervención dentro de las competencias de ese fuero.

El magistrado aclaró que sigue el debate por lo que se publica en los medios y que conoce las alternativas que se barajan para definir el emplazamiento del proyecto en el oeste provincial. Pero marcó una diferencia entre estar al tanto de la discusión pública y la existencia de un conflicto concreto que demande una actuación judicial.

“Todavía es una cuestión que no ha surgido en conflictos que puedan despertar nuestro interés competencial”, sostuvo Contreras.

Con esa frase, el juez dejó en claro que la definición sobre la ubicación de la zona franca continúa en el terreno político e institucional. Según lo que informó, no se presentó ninguna consulta formal que habilite una intervención específica de la Justicia Federal.

El otro tema del oeste: los cortes de ruta

Contreras también se refirió a los cortes de ruta en Fiambalá y Tinogasta, una problemática que, a diferencia del debate por la zona franca, sí generó consultas ante el fuero federal en distintas oportunidades.

El magistrado explicó que esos requerimientos suelen estar vinculados a la posibilidad de liberar las rutas cuando se producen interrupciones del tránsito. En ese marco, señaló que las fuerzas de seguridad cuentan con protocolos de actuación para intervenir ante determinadas circunstancias, sobre todo cuando el corte es flagrante.

“Si flagrantemente se está cortando una ruta, la Gendarmería o quien sea, aquí en cualquier parte del país, tiene un protocolo para actuar”, afirmó.

La explicación apunta a distinguir las facultades operativas de las fuerzas de seguridad de las situaciones que sí requieren una intervención judicial. De acuerdo con lo que indicó Contreras, ante determinados cortes flagrantes los efectivos pueden actuar conforme a sus protocolos sin necesidad de contar necesariamente con una orden judicial previa.

Camiones, insumos y autos particulares: el impacto dispar

El juez también se metió en las diferencias que generan las interrupciones del tránsito según el tipo de vehículo. Según explicó, las dificultades suelen golpear especialmente a los camiones y a los proveedores de insumos, mientras que los vehículos particulares pueden seguir circulando.

Esa distinción permite dimensionar las consecuencias de los cortes en una región donde el tránsito por las rutas es clave para el traslado de mercaderías y el abastecimiento de distintos sectores.

Contreras no vinculó directamente las interrupciones del tránsito con la discusión sobre la zona franca. Las abordó como cuestiones separadas: mientras el proyecto todavía no generó consultas oficiales ante el juzgado, los cortes de ruta motivaron requerimientos en distintas oportunidades.