Yerbateros cruzaron al presidente del INYM: el dato que descolocó a Correa

Cinco organizaciones del sector primario yerbatero salieron a responderle al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa, y pusieron en duda uno de los argumentos centrales con los que defiende el proyecto de Reordenamiento Normativo que se debate en el organismo: la supuesta mejora en la trazabilidad. El pronunciamiento se conoció este martes mediante un documento firmado por referentes de distintas entidades.

La reacción llegó después de las declaraciones que Correa hizo el 25 de septiembre en Radio República. Para las entidades, hay una diferencia de fondo entre cómo el presidente del Instituto presenta la reforma y los efectos que tendría si se aplica.

El texto aparece en un momento de fuerte interna dentro del INYM. El proyecto impulsado por el Gobierno nacional ya había encontrado resistencia en el Directorio: propone modificar registros y controles, derogar varias resoluciones y usar más información de organismos como el SENASA. La propuesta original no reunió respaldo suficiente y quedó en manos de una subcomisión.

Más trámites en la chacra

El documento señala que el esquema proyectado sumaría al productor primario a un sistema basado en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA), polígonos productivos y el Documento de Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e). Eso, advierten, trasladaría a la chacra una mayor carga administrativa y documental para mover hoja verde.

Las entidades sostienen que esas obligaciones no son neutrales: exigen más conectividad, documentación, trámites, asesoramiento o intervención de gestores, sobre todo entre los pequeños productores de zonas rurales.

Pero el cuestionamiento no pasa solo por la cantidad de papeles. Los firmantes remarcan que, mientras crece la información que se le pide al sector primario, el mismo proyecto prevé reemplazar de a poco datos que hoy genera el INYM por información de otros sistemas oficiales. Según el documento, quedarían fuera del ámbito de regulación del Instituto la calidad e inocuidad de la materia prima, la documentación de movimientos, el reglamento de cosecha, los registros de cosecha mecanizada, plantas, yerbales y viveros, y los controles sobre las declaraciones juradas.

El punto que más incomoda: el DTV-e

Acá está la diferencia principal con la mirada de Correa. Las asociaciones reconocen que el DTV-e permite saber el origen y el destino declarado de un movimiento de hoja verde, pero afirman que eso no alcanza para reconstruir todo el recorrido posterior del producto.

Argumentan que saber cuánto salió de una chacra no permite determinar por sí solo cuánto ingresó al establecimiento receptor, cuánto se transformó, cuánto quedó en stock ni cuánto volvió a salir después. De ahí sale la frase que titula el pronunciamiento: “La trazabilidad no puede terminar en la tranquera”.

Para las organizaciones, un sistema integral debería seguir el producto desde la producción primaria hasta el consumidor y conservar información de todos los eslabones intermedios. Por eso rechazan que el DTV-e se convierta en sustituto de los registros propios del INYM sobre movimientos, existencias y transformación. La trazabilidad, dicen, debe construirse cruzando fuentes, no eliminando de a poco la información que genera el propio Instituto.

Una pelea que va más allá de los registros

El documento también vuelve sobre la desregulación de la actividad. Recuerda que el DNU 70/2023 modificó las facultades del INYM para fijar el precio de la materia prima y que el Decreto 812/2025 restringió la posibilidad de tomar medidas que interfieran en la formación de precios por oferta y demanda.

Desde el sector productivo vinculan esa pérdida de atribuciones con la discusión sobre los controles y advierten que reducir los sistemas de información del Instituto debilitaría aún más su capacidad de intervenir en la actividad.

El nuevo pronunciamiento profundiza uno de los cuestionamientos que ya habían frenado el avance del proyecto y apunta directo contra la idea de que el cambio normativo fortalezca la trazabilidad de la cadena.

El documento lleva las firmas de Hugo Sand (Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones), Jorge Skripczuk (Asociación Civil Impulso Yerbatero), Antonio Franza (Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay), Julio Alfredo Petterson (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte) y Salvador María Torres, secretario general del Movimiento Agrario de Misiones.

Para los firmantes, el punto de fondo es claro: un sistema de trazabilidad no debería limitarse a identificar mejor al productor y el movimiento inicial de la hoja verde, sino permitir reconstruir qué pasa con el producto a lo largo de toda la cadena.