Weretilneck devuelve a Trabajo el rango de Secretaría de Estado y suma al Gabinete a Marta Avilez, la funcionaria ligada a la UOCRA. El proyecto se trata el 26 de noviembre y promete cambiar el control de la mano de obra local. ¿Qué gana el sindicato con esta movida?
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, envió a la Legislatura un proyecto para modificar la Ley de Ministerios que devuelve a Trabajo el rango de Secretaría de Estado y la incorpora formalmente al gabinete provincial. La reforma se tratará en la sesión del jueves 26 de noviembre y entraría en vigencia el 1 de enero de 2027.
La movida consolida el acuerdo político entre el mandatario y la UOCRA, el gremio que lidera en la región Atlántica Damián Miler. Ese entendimiento ya había tenido una primera señal con la designación de Marta Avilez al frente de la cartera laboral, una funcionaria fuertemente vinculada a ese sindicato. Ahora, Avilez también se suma al Gabinete provincial.
Un rango que ya había cambiado
Trabajo había tenido rango ministerial desde 2024, durante la gestión de Arabela Carreras, aunque antes ya había funcionado como secretaría de Estado. Weretilneck había modificado esa jerarquía y ahora decide el camino inverso: devolverle el estatus perdido y darle autonomía funcional.
Avilez se afianzó en el cargo con el correr del tiempo y construyó un vínculo directo con el gobernador. Ese vínculo aceitó el entendimiento previo con la UOCRA de Miler, un sindicato que ganó protagonismo por su participación en los proyectos energéticos de la provincia.
Los motivos: Vaca Muerta y la matriz productiva
Entre los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo pone el foco en la transformación de la matriz productiva rionegrina y en las demandas laborales que generarán las grandes inversiones en marcha y las que están proyectadas.
El texto menciona expresamente a Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Duplicar Norte, SESA, el proyecto minero Calcatreu y Argentina LNG. Sostiene que esas iniciativas no solo demandarán trabajadores durante la construcción de las obras, sino que también impulsarán nuevas cadenas de valor, servicios, actividades industriales y necesidades de especialización.
En ese escenario, el Gobierno considera necesario que la autoridad laboral «tenga mayor jerarquía y capacidad de articulación con empresas, sindicatos, municipios, organismos provinciales e instituciones de formación profesional».
La argumentación oficial busca correr a Trabajo de una función limitada a la intervención ante conflictos o incumplimientos. La nueva estructura apunta a darle participación en la planificación de las inversiones, anticipar las demandas de empleo y vincular la formación de trabajadores con las necesidades del sector productivo.
El control de la mano de obra local
Uno de los ejes centrales será la fiscalización de la Ley 5804, conocida como la norma del 80/20, que establece prioridades para la contratación de trabajadores con residencia en Río Negro. La iniciativa asigna a la Secretaría de Estado la aplicación y el control de esa legislación sobre empresas, contratistas y subcontratistas.
Para eso prevé inspecciones territoriales, relevamiento de nóminas, verificación documental y seguimiento de las altas laborales. Los fundamentos remarcan que no alcanza con que las empresas declaren su intención de contratar mano de obra local: el Estado deberá verificar que esa prioridad se cumpla efectivamente.
También plantea ampliar los controles sobre el empleo no registrado, las condiciones de contratación, la higiene y seguridad y la prevención de accidentes laborales. En ese punto, el Gobierno informó que durante 2025 la Secretaría de Trabajo realizó unas 5.500 fiscalizaciones y relevó a 26.479 trabajadores en distintos puntos de la provincia.
El crecimiento de las obras y de la actividad económica, según el mensaje oficial, exige reforzar los equipos técnicos, inspectivos y administrativos para evitar que la expansión productiva se traduzca en precarización laboral.
Formación y empleo: los nuevos desafíos
La nueva Secretaría tendrá además responsabilidades específicas en capacitación, formación profesional y reconversión ocupacional. El objetivo será vincular la oferta de trabajadores con los perfiles técnicos que demandarán los proyectos energéticos, mineros, industriales, logísticos y de infraestructura.
El texto propone articular programas con municipios, universidades, instituciones educativas, centros de formación, sindicatos y cámaras empresariales. También incorpora políticas de inserción laboral para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y otros sectores con mayores dificultades de acceso al empleo.
La reestructuración incorpora un listado de 24 competencias para la Secretaría de Trabajo y traslada a esa nueva jurisdicción las funciones laborales que hasta ahora estaban dentro del artículo correspondiente al Ministerio de Gobierno.
También faculta al Poder Ejecutivo a reorganizar organismos, servicios, personal y bienes, además de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. El Ministerio de Gobierno y la nueva Secretaría deberán elevar una propuesta de estructura orgánica al gabinete para su aprobación por el gobernador.