Vuelven a la carga con la prohibición de la tracción a sangre en la Provincia: ¿esta vez será ley?
Dos diputados impulsan la prohibición total de la tracción a sangre en Buenos Aires. ¿Lograrán lo que otros no pudieron? Los detalles de los proyectos y los antecedentes.
Dos legisladores bonaerenses, uno de la Coalición Cívica y otro de La Libertad Avanza, presentaron proyectos independientes para erradicar definitivamente la tracción a sangre animal en todo el territorio provincial. La iniciativa busca resolver una doble crisis: el maltrato animal y la exclusión social de miles de familias carreras.
La diputada Romina Braga (Coalición Cívica) propone un esquema de eliminación progresiva que prohíbe el uso de equinos, asnales, mulares, bovinos y cualquier otra especie para transporte de personas o cargas. Quedan exceptuadas las tareas rurales, deportivas y culturales autorizadas que acrediten resguardo sanitario.
En sus fundamentos, Braga describe una realidad cruda: “Durante décadas, miles de animales fueron utilizados en tareas de transporte de residuos, materiales y mercancías. Esta realidad expone una doble problemática: el padecimiento de los animales y la exclusión social de numerosas familias”, señaló la legisladora.
¿Cómo piensan reemplazar los carros?
El proyecto de Braga crea el Programa Provincial de Reconversión de la Tracción a Sangre Animal, que incluye censo de trabajadores, capacitaciones, entrega de vehículos eléctricos o motorizados de baja emisión, y créditos blandos del Banco Provincia. Para financiarlo, propone el Fondo de Transición de Tracción a Sangre (FOTRAS).
Como antecedentes, cita los casos de CABA, La Plata (con el prototipo EQUS de la UNLP) y Río Cuarto, Córdoba, donde desde 2006 se usan “zootropos” en 25 comunas.
Por su parte, el diputado Pablo Morillo (La Libertad Avanza) presentó un texto más drástico: declara ilegal la tracción a sangre en cascos urbanos sin excepciones, definiendo la práctica como el uso de cualquier animal para arrastrar carros con su propia fuerza.
Un historial de promesas incumplidas
El debate no es nuevo. En mayo de 2024, Martiniano Molina (PRO) reflotó una ley de prohibición total que había caducado en 2022. En noviembre del mismo año, la senadora radical Flavia Delmonte sumó otro proyecto. Pero la falta de consensos y presupuesto las dejó en el camino. Ahora, con el tratamiento en comisiones, los bloques buscan romper la parálisis.