Vuelve la pulseada por los cuidacoches: el Senado define si los prohíbe o los regula

Esta semana, la Legislatura santafesina define el futuro de los cuidacoches. El Senado tiene sobre la mesa un proyecto que modifica el Código de Convivencia y debe decidir si acepta los cambios de Diputados o insiste con su versión original, más dura. La diferencia es clave: prohibición total versus regulación de conductas intimidatorias.

¿Qué votó el Senado?

La media sanción original, impulsada por el senador Ciro Seisas (departamento Rosario) y consensuada con el gobierno provincial, apuntaba a prohibir la actividad de cuidacoches en la vía pública. Incorporaba el artículo 66 bis al Código de Convivencia, con sanciones para quienes ofrecieran o exigieran dinero a cambio de cuidar, lavar o permitir estacionar vehículos en espacios públicos, sin autorización y en lugares donde estuviera prohibido por normativa local.

Las penas incluían trabajo comunitario de 2 a 10 días para la primera infracción, prohibición de concurrencia al lugar y arresto de 10 a 20 días en caso de reincidencia. Además, contemplaba agravantes que duplicaban las sanciones: violencia, amenazas, actividad en zonas de estacionamiento medido, cerca de eventos masivos, en horario nocturno, en zonas sensibles (escuelas, bancos, edificios públicos) o aprovechando situaciones de vulnerabilidad. También preveía penas más severas si la actividad era organizada por dos o más personas, con arresto de 10 a 20 días y posibilidad de agravamiento para organizadores o coordinadores.

¿Qué cambió Diputados?

La Cámara baja aprobó su versión el 4 de junio, con 25 votos a favor, 17 en contra y una abstención, con apoyo del oficialismo. El cambio central fue el enfoque: ya no se prohíbe la actividad en sí, sino que se sanciona a quienes “exijan o requieran de manera intimidatoria” una retribución económica por estacionar o cuidar vehículos. Además, condicionó las sanciones a dos requisitos: que la actividad se realice sin autorización y en lugares donde exista una prohibición local vigente. Esto deja en manos de cada municipio la decisión de regular o prohibir.

La sanción principal es la prohibición de concurrencia al lugar por hasta 60 días, que puede extenderse de 60 a 120 días si ocurre en zonas de estacionamiento medido, cerca de eventos masivos o si hay aprovechamiento de desigualdades de género, edad o discapacidad. También se permite reemplazar la sanción por trabajo comunitario si hay acuerdo entre las partes o lo dispone un juez. Para los organizadores, se prevé arresto de hasta 10 días y prohibición de concurrencia por hasta 240 días.

El reclamo de las ciudades

Seisas cuestionó que Diputados no haya tenido suficientemente en cuenta a los municipios, que pedían una ley marco provincial. Mencionó a Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe, Rafaela, Santo Tomé, Reconquista, San Lorenzo y Venado Tuerto. La versión de Diputados, en cambio, da a los gobiernos locales un rol central: la acción pública contravencional será ejercida exclusivamente por el municipio donde ocurra el hecho, y podrán pedir intervención policial para desalojar a los infractores.

Abordaje social y nuevos cargos judiciales

Diputados incorporó un capítulo de abordaje social que obliga al Poder Ejecutivo provincial a implementar acciones de prevención e inclusión para los cuidacoches, con capacitación, formación en oficios, intermediación laboral y asistencia en salud mental y consumos problemáticos. También insta a los municipios a desarrollar programas similares.

Pero un punto que generó ruido político fue la creación de dos nuevos cargos de jueces de primera instancia, uno en Rosario y otro en Santa Fe, para integrarlos a los Colegios de Jueces Penales. La oposición consideró que una ley contravencional no debería modificar la estructura del Poder Judicial.

¿Solución mágica?

Seisas pidió cautela: “Hay que ser cautos: si la ley se aprueba, de ninguna manera viene a resolver 30 años una norma de siete artículos”. Planteó que, una vez sancionada, deberá complementarse con convenios entre municipios y Provincia para ordenar los controles y avanzar en inclusión gradual. Y resumió: “Solamente cuando lleguemos al día en que vayas a un recital y no te cobren, vayas a la cancha y no te aprieten o pares en un semáforo y no intimiden a hombres y mujeres, vamos a poder decir que empezamos a arreglar el tema”.