Vuelve a atender el médico acusado por la muerte de Yamila Chaves

El escándalo por la muerte de Yamila Chaves suma un nuevo capítulo: el médico imputado por homicidio culposo habría vuelto a ejercer en el Hospital Carlos Snopek, pese a las graves acusaciones en su contra. Su presencia en la guardia generó una ola de críticas y, recién ahora, las autoridades habrían decidido apartarlo con una licencia preventiva.

¿Qué se le imputa al profesional?

El profesional, citado formalmente por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, está acusado de homicidio culposo por la presunta negligencia en el diagnóstico tardío de un embarazo ectópico que le costó la vida a la joven. Pero la causa no termina ahí: también se investiga si intentó adulterar planillas y fichas de atención para ocultar la demora en la guardia.

¿Cómo volvió a atender?

Las medidas judiciales recabadas incluyeron allanamientos y secuestro de material fílmico, lo que evidenciaría la gravedad de los hechos. Sin embargo, pese a la contundencia de las pruebas, el médico habría vuelto a cumplir labores dentro del nosocomio, lo que despertó el repudio de los presentes y cuestionamientos hacia los mecanismos de control del sistema público de salud.

¿Qué pasará ahora?

Frente al creciente rechazo y el impacto del caso, las autoridades del establecimiento habrían dispuesto en las últimas horas otorgarle una licencia preventiva para desafectarlo momentáneamente de la guardia. Además, trascendió que durante esta semana se concretaría una reunión clave con autoridades del Ministerio de Salud, donde se evaluaría su situación administrativa. Desde el área gubernamental existiría el compromiso de definir su apartamiento definitivo si se confirman las irregularidades.

Mientras la causa judicial encabezada por el fiscal Aldo Lozano aguarda peritajes clave, la familia de Yamila continúa movilizada en reclamo de justicia. Exigen que todos los responsables del área médica y de enfermería rindan cuentas ante la ley y que se garantice el apartamiento efectivo de los imputados de la atención pública.