Volvió al escenario en María Grande y la Iglesia salió a marcarle los límites

El Arzobispado de Paraná emitió un comunicado para aclarar la situación de Marcelino Moya, después de que el sacerdote apareciera el domingo en la muestra de la Sociedad Rural de María Grande y volviera a subir a un escenario. La institución eclesiástica precisó que no cuenta con autorizaciones para ejercer funciones pastorales en su nombre.

"Ante noticias de público conocimiento, sobre la aparición del sacerdote Marcelino Moya, el pasado domingo, en la muestra rural de María Grande, comunicamos que el mismo no tiene licencias ministeriales ni puede ejercer ningún ministerio en nombre de la Iglesia", indicó el breve texto difundido por el Arzobispado.

La aclaración llegó después de que Moya, nacido en esa localidad entrerriana y conocido durante años como el "cura payador", se mostrara otra vez en público sobre un escenario. Su presencia generó repercusión por los antecedentes judiciales y eclesiásticos que marcaron su salida de la actividad pastoral.

Quién es Marcelino Moya y por qué está apartado

Moya fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1992 por el entonces arzobispo de Paraná, Estanislao Esteban Karlic. A lo largo de su carrera tuvo a cargo distintas tareas parroquiales y educativas, hasta que en 2015 fue apartado preventivamente de la actividad pastoral tras conocerse denuncias por abuso sexual y corrupción de menores.

El 30 de junio de ese año, un día después de que Pablo Huck y Ernesto Frutos presentaran una denuncia judicial por hechos que dijeron haber sufrido cuando eran adolescentes en la parroquia Santa Rosa de Lima de Villaguay, el Arzobispado anunció la apertura de investigaciones preliminares conforme al Derecho Canónico.

Como medida cautelar, la Iglesia resolvió separarlo de la atención pastoral de comunidades y le prohibió el ejercicio público del ministerio. Hasta ese momento se desempeñaba como apoderado legal de instituciones educativas de Seguí y como párroco de Nuestra Señora de la Merced.

El recorrido judicial: condena, casación y prescripción

En abril de 2019, el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay lo condenó a 17 años de prisión por delitos de abuso sexual y corrupción de menores. La resolución fue dictada por los jueces María Evangelina Bruzzo, Melisa Ríos y Fabián López Mora.

En diciembre de 2020, la Cámara de Casación Penal de Concordia confirmó esa sentencia. Pero la causa después llegó a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, donde el escenario procesal cambió.

En 2021, el máximo tribunal provincial hizo lugar al planteo de prescripción de la acción penal y dispuso el sobreseimiento. La decisión se adoptó con los votos de Daniel Carubia y Miguel Giorgio y la disidencia de Claudia Mizawak, por lo que la condena anterior dejó de producir efectos.

El argumento de la prescripción

La mayoría consideró que entre los hechos investigados, situados entre 1993 y 1995, y la denuncia presentada en junio de 2015 había transcurrido un período superior al plazo máximo previsto entonces para la prescripción. Así, el proceso penal quedó cerrado sin una condena firme vigente.

Desde aquel proceso, Moya permaneció apartado de las funciones pastorales públicas. Sigue siendo sacerdote y desde el Arzobispado aclararon que no está jubilado, pero no tiene una parroquia asignada ni autorización para celebrar públicamente o ejercer tareas ministeriales en nombre de la institución.