Vivir en zona fría ya no alcanza: los mendocinos que perderían el descuento de gas
Miles de mendocinos que hoy tienen descuento en la boleta de gas quedaron en una situación incierta tras la reglamentación de Zona Fría. Hay un requisito de ingresos y una excepción territorial que pocos tienen en cuenta.
El Gobierno de Javier Milei reglamentó los cambios en el régimen de Zona Fría y, con el Decreto 1266/2026 publicado en el Boletín Oficial, puso en marcha las modificaciones que había aprobado el Congreso en septiembre a través de la Ley 27.828. El efecto más directo para Mendoza: el descuento generalizado en las facturas de gas dejará de aplicarse de forma automática para una porción importante de los hogares.
La norma alcanza a 421.965 usuarios residenciales de la provincia que estaban dentro del sistema de bonificaciones aprobado en 2021. Según los datos de Ecogas que se difundieron durante el debate legislativo, 218.922 de esos usuarios tenían una reducción del 30% y otros 203.043 accedían a un descuento del 50%.
Qué cambia en la práctica
Hasta ahora, residir en una región catalogada como fría bastaba para recibir la bonificación. Con la reforma, ese criterio territorial deja de operar por sí solo: los usuarios deberán estar incorporados al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y acreditar condiciones económicas y sociales.
Dentro del territorio mendocino hay una sola excepción. Malargüe mantendrá un tratamiento especial, en línea con lo que ocurre en la Patagonia y la Puna.
Los requisitos económicos y sociales
Para entrar en la nueva bonificación, los ingresos netos del grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales: $4.454.736,63 para un hogar tipo 2, de acuerdo con los valores del INDEC.
El decreto también contempla casos particulares. Se tendrá en cuenta contar con un Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, percibir una pensión vitalicia como veterano de Malvinas o tener en la familia a un integrante con Certificado Único de Discapacidad. En este último supuesto, la Secretaría de Energía deberá evaluar si existe necesidad de asistencia económica.
Cuánto podría subir la boleta
El impacto puede ser fuerte para quienes queden fuera de la bonificación. Un usuario que hoy paga $30.000 con un 30% de descuento podría pasar a abonar cerca de $43.000. Si la reducción perdida es del 50%, esa misma factura podría trepar a unos $60.000.
Se trata de ejemplos sobre la eliminación del beneficio, no de aumentos fijados oficialmente. El resultado final dependerá de los otros componentes tarifarios, del consumo y de los subsidios que conserve cada hogar.
Hay otro punto a tener en cuenta: la bonificación adicional por Zona Fría se aplicará únicamente sobre los consumos base reconocidos por el régimen de subsidios. Por eso, incluso quienes cumplan los requisitos podrían notar diferencias en sus facturas si superan los volúmenes de gas previstos por el sistema.
Cómo se financian los descuentos
El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas seguirá nutriéndose con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicable a los consumos alcanzados en todo el país. Ese dinero compensará a las empresas proveedoras por las bonificaciones que reciben los usuarios.
Una modificación relevante es que las distribuidoras dejarán de administrar los fondos de las compensaciones. Ahora solo aplicarán los descuentos en las boletas y entregarán los datos necesarios para calcularlos. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad verificará esa información y la Secretaría de Energía determinará los importes. El Banco Nación, que seguirá a cargo del fideicomiso, pagará directamente a las proveedoras.
La reglamentación incluye además un procedimiento específico para las compensaciones por venta de garrafas, cilindros y gas licuado de petróleo en las regiones que conservan el régimen especial, como Malargüe. Las provincias deberán controlar la información que presenten los proveedores y remitirla a la Secretaría de Energía para autorizar los pagos.
El origen del nuevo esquema
La reforma responde a la decisión del Gobierno nacional de reemplazar el beneficio territorial generalizado por un esquema de subsidios focalizados, destinado a los hogares que cumplan determinadas condiciones. La asistencia dejará de otorgarse de manera automática por la ubicación geográfica de la vivienda, salvo en las regiones expresamente exceptuadas.
El decreto rige desde su publicación y también aprueba un nuevo modelo de contrato entre el Estado nacional y el Banco Nación para administrar los recursos, sin eliminar ni reemplazar el fondo fiduciario existente. El nuevo régimen de Zona Fría tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031, y la Secretaría de Energía quedó facultada para dictar las disposiciones complementarias que hagan falta para aplicarlo.