Vivían en un colectivo en General Pico: la denuncia que estremeció a la ciudad y el fallo que nadie esperaba
La denuncia sacudió a General Pico: una mujer dijo haber sufrido golpes, amenazas y vejaciones extremas dentro de un colectivo. La Justicia avanzó, pero el desenlace del juicio abreviado dejó a todos hablando. ¿Qué pasó con los cargos más graves?
Un joven mendocino radicado en La Pampa fue condenado a un año y seis meses de prisión efectiva por golpear a su pareja, con quien convivía dentro de un colectivo estacionado cerca del hospital de General Pico. La pena, acordada en un juicio abreviado homologado por el juez de Control Heber Pregno, dejó afuera las acusaciones más graves que la víctima había denunciado: abuso sexual con acceso carnal y amenazas.
El caso salió a la luz en mayo de 2025, cuando la policía asistió a la mujer. En su denuncia inicial, y ante testigos, relató un calvario: golpes constantes, amenazas de muerte y agresiones sexuales continuadas. También describió humillaciones aberrantes, como cuando el acusado le pasaba materia fecal por el rostro.
¿Por qué no fue condenado por los delitos sexuales?
Según consta en la sentencia, la fiscal Ana María Ballari retiró las acusaciones por abuso sexual con acceso carnal y amenazas porque no logró volver a contactar ni entrevistar a la víctima para sostener el testimonio probatorio. Ante esa falta de acusación fiscal, y con la jurisprudencia obligatoria de la Corte Suprema como marco, el magistrado se vio obligado a dictar la absolución por esos cargos.
La condena se limitó a la agresión física documentada el 2 de mayo de 2025, cuando el atacante la tomó de los cabellos y le propinó puñetazos en el estómago y los brazos, provocándole hematomas. Por ese hecho se le impuso una pena base de seis meses por 'lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género'.
Esa pena se unificó con una condena anterior que el hombre tenía en suspenso desde 2022 por abuso de armas de fuego y tentativa de robo. De esta manera, se revocó su condicionalidad y el agresor pasará un total de 18 meses tras las rejas.
La causa deja en evidencia la dramática vulnerabilidad de las víctimas de violencia extrema a lo largo del proceso penal, y el modo en que la imposibilidad de sostener una acusación puede cerrar los cargos más graves.
