Vive del otro lado del río, le pusieron candado a la tranquera y una jueza tomó una decisión clave

Una jueza del Juzgado Multifueros de El Bolsón resolvió que el propietario de un campo en El Manso Inferior debe compartir las llaves de una tranquera para que una familia que vive del otro lado del río Manso pueda llegar a la Ruta 83. El conflicto se desató cuando el dueño del predio colocó un candado que cortó un paso usado desde hacía años.

La medida cautelar dispone un sistema de candado con dos llaves: una para el propietario y otra para el grupo familiar. Tendrá vigencia de tres meses, mientras se define cómo sigue el reclamo de fondo.

Un recorrido que existe desde hace años

Según la presentación judicial, la familia vive del otro lado del río Manso y usa ese camino para comunicarse con el resto de la zona. El trayecto empieza con un cruce del río en bote hasta un predio particular, donde dejan un vehículo. Desde allí siguen por un sendero que desemboca en una tranquera de madera, construida por uno de los pobladores con autorización del dueño del campo.

Ese sistema funcionó durante años hasta que, según el relato de los pobladores, el propietario colocó un candado y les bloqueó el acceso habitual.

Qué se complicó con la tranquera cerrada

La restricción golpeó de lleno la vida cotidiana de la familia, que cría vacas, ovejas y aves. Sin el paso, se les dificulta trasladar la producción para venderla, comprar víveres y entrar alimentos y forraje para los animales.

La presentación también puso el foco en las emergencias médicas. Entre los integrantes del grupo hay una mujer de avanzada edad con distintas dolencias, un hombre con problemas cardíacos y una niña con discapacidad.

El antecedente en el Juzgado de Paz

El conflicto ya había pasado por el Juzgado de Paz de El Manso, que había dispuesto una solución provisoria por 90 días con el mismo mecanismo de dos llaves, para que tanto el propietario como la familia pudieran usar la tranquera.

Cuando ese plazo venció, uno de los pobladores acudió al fuero civil con el patrocinio de la Defensa Pública y pidió una medida cautelar de no innovar para conservar las condiciones de acceso.

Los argumentos de la jueza

Al resolver, la jueza consideró acreditado el uso tradicional del camino a partir de la documentación presentada y de la intervención previa del Juzgado de Paz. También evaluó que cortar el paso podía generar perjuicios económicos, afectar la subsistencia familiar y sumar riesgos para la salud.

Por eso ordenó al dueño del inmueble, ubicado sobre la Ruta 83 a unos tres kilómetros del Puente Verde del río Foyel, garantizar el paso por el sendero y la tranquera existentes mediante el candado de dos llaves.

La resolución es provisoria y no define de manera definitiva el derecho de paso. Además, fijó un plazo de diez días para que la familia presente la demanda correspondiente o acredite el inicio de una mediación prejudicial.