Villa de Merlo: el oficialismo quiere reabrir una ordenanza que ya le trajo dolores de cabeza
El oficialismo de Villa de Merlo quiere reabrir la ordenanza ambiental que modificó el año pasado. La jugada toca de cerca a los vecinos que reclaman participación en las evaluaciones, y el motivo real por el que ahora apura el cambio no es el que dicen.
El interbloque UCR–AVANZAR presentó el 22 de septiembre un proyecto para agregar un artículo a la Ordenanza VI-917 y que el Municipio adhiera a la Ley Provincial IX-0876-2013 de Evaluación de Impacto Ambiental. La movida llega un año después de la reforma que sacó a vecinos, universidades y organizaciones del proceso de evaluación ambiental.
El texto fundamenta la adhesión en la necesidad de garantizar la "participación ciudadana", entre otros principios. El proyecto figura en el orden del día de la sesión de este jueves 24 y será girado a la Comisión de Planeamiento Urbano y Ambiente.
El antecedente que todavía pesa
En agosto de 2025, el oficialismo aprobó una modificación de la Ordenanza 917 que cambió el procedimiento de evaluación ambiental. La Comisión Evaluadora quedó integrada solo por funcionarios municipales, desplazando a profesionales externos, universidades y organizaciones.
La reforma provocó el rechazo de entidades ambientales, sociales, académicas y políticas. Entre quienes cuestionaron aquella decisión estuvo la agrupación Juvennat, que junto a vecinos y organizaciones planteó que la modificación vulneraba normas ambientales superiores y reclamó recuperar instancias de participación. La controversia llegó después a la Defensoría del Pueblo y los sectores críticos anticiparon acciones legales.
Un intento anterior que no avanzó
El cambio que ahora impulsa UCR–AVANZAR no es el primer intento de revisar la Ordenanza 917 durante este año. El 2 de junio, la concejal justicialista Lucía Miranda presentó un proyecto para modificar la misma normativa e incorporar mecanismos de participación ciudadana y control técnico plural.
La iniciativa proponía una Comisión Evaluadora integrada también por universidades, colegios profesionales y organizaciones ambientalistas, además de instancias públicas para determinados proyectos.
Miranda cuestionó que el oficialismo impulse ahora una modificación de la Ordenanza 917 después de que su proyecto, presentado en junio, no avanzara. Según la concejal, el cambio también debe leerse a partir del reclamo iniciado por Juvennat contra la reforma aprobada en 2025.
La edil sostuvo que esa presentación tuvo movimientos en la Justicia y que podría derivar en una medida cautelar. A su criterio, el nuevo proyecto oficialista busca anticiparse a una eventual resolución judicial adversa.
