VIH en La Rioja: la ley que quieren aprobar y los $1.650 millones que nadie discute

La Fundación YACUYAS redobló la apuesta en la Legislatura de La Rioja: busca que dos proyectos de ley tomen estado parlamentario para actualizar la normativa provincial sobre VIH. Landriel Oviedo, director de la entidad, llevó el reclamo al aire de Despierta Provincia y advirtió que la discusión central será el financiamiento.

El dirigente explicó que las conversaciones con la Legislatura se sostienen desde hace tres años, pero todavía no lograron una norma específica. “Presentamos dos proyectos de ley que sirven para la actualización, porque hace tres años venimos sosteniendo este diálogo con la Legislatura”, señaló.

Para Oviedo, la urgencia pasa por contar con una política pública oficial. “Debemos tener una legislación oficial sobre estas enfermedades”, sostuvo durante la entrevista.

Quiénes quedan afuera del sistema

Uno de los ejes que impulsa YACUYAS apunta a las personas sobrevivientes de transmisión vertical del VIH, es decir, quienes adquirieron el virus durante el embarazo, el parto o la lactancia. Según el director de la fundación, se trata de un grupo que hoy enfrenta situaciones de vulnerabilidad y que necesita una respuesta concreta del Estado.

El otro punto crítico es el acceso al sistema de salud. Oviedo remarcó que el único centro especializado de atención funciona en la ciudad Capital, lo que obliga a muchos pacientes a trasladarse para hacerse controles o retirar su medicación.

Por eso, el proyecto contempla garantizar el transporte gratuito para quienes deben viajar. “Solamente contamos con la información de las personas que retiran medicamentos para su tratamiento”, explicó Oviedo, al describir los datos limitados que manejan sobre esta población.

El costo del programa y la sombra del Presupuesto

La falta de sanción de la Ley de Presupuesto condiciona el debate. Oviedo anticipó que será necesario diseñar una política pública que contemple los recursos necesarios y adelantó que la propuesta tendría un costo estimado de $1.650 millones anuales, una cifra que, según dijo, representa menos del 1% del presupuesto provincial.

“Las conversaciones irán en torno al presupuesto”, indicó. Y defendió el enfoque: “Cuando decidimos acompañar a las personas, no es el asistencialismo. Sería vida digna, y no solo para los que vivimos con VIH, sino para los que vivimos”.

El dirigente también destacó el impacto de la Ley Nacional 27.675, que establece un marco integral para la respuesta al VIH, las hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual y la tuberculosis, y garantiza el acceso a los tratamientos.

El reclamo político y el camino legislativo

En la entrevista, Oviedo cuestionó la escasa participación de la dirigencia política en la temática. “Ningún dirigente, ni de oposición ni de oficialismo, salvo la vicegobernadora Teresita Madera, se contactó para interiorizarse del tema”, afirmó.

En el plano legislativo, señaló que los diputados Antonio Veragua Masud y Raúl Cabral trabajan en el proyecto para que pueda tomar estado parlamentario y comenzar formalmente su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Otro de los aspectos incluidos en el planteo es el derecho al trabajo de las personas que viven con VIH. Oviedo recordó que ese derecho está protegido por la legislación nacional y planteó la necesidad de profundizar las herramientas que permitan garantizarlo en la provincia.

Desde la Fundación YACUYAS buscan que el debate avance hacia una política integral que no se limite al acceso a la medicación, sino que contemple también diagnóstico, seguimiento médico, movilidad, inclusión laboral y condiciones que permitan una vida digna para las personas que viven con VIH.