Vigilancia encubierta en su chacra: el jefe de Gabinete de Santa Cruz denunció espionaje y pidió protección federal

Un auto de la Policía de Santa Cruz estacionado frente a su propiedad encendió todas las alarmas. El jefe de Gabinete provincial, Pedro Luxen, denunció penalmente un supuesto operativo de espionaje ilegal y solicitó que fuerzas federales tomen el control de su custodia.

La presentación se formalizó ante la Fiscalía de Primera Instancia N° 2 de Río Gallegos. En ella, Luxen detalló una serie de hechos que, según su relato, evidencian una vigilancia no autorizada sobre su domicilio particular y su chacra en la zona rural.

¿Qué fue lo que detectaron?

Todo comenzó cuando los trabajadores de su propiedad notaron movimientos extraños. Vehículos desconocidos permanecían estacionados durante horas en las inmediaciones, con ocupantes que no bajaban ni mostraban una razón aparente para estar allí.

Entre los rodados identificados por los testigos se mencionaron una camioneta Ford EcoSport marrón y una Fiat Strada gris oscuro. Pero el episodio más grave ocurrió el 22 de agosto a las 17:00, cuando la esposa del funcionario fue al predio a alimentar a los animales y encontró un Peugeot 208 estacionado.

Al consultar el informe de dominio, la respuesta fue contundente: el vehículo pertenecía a la flota oficial de la Policía de la Provincia de Santa Cruz.

El cara a cara en la estación de servicio

Cuando Luxen se enteró, se dirigió al lugar para pedir explicaciones. El conductor, lejos de dar respuestas, optó por retirarse rápidamente. El funcionario lo siguió en su propio auto hasta una estación de servicio del barrio San Benito, en Río Gallegos.

Allí, acompañado por testigos, Luxen encaró al hombre. En ese intercambio, el sujeto reconoció ser parte de la fuerza de seguridad provincial y afirmó que integraba un grupo de efectivos que cumplían guardias rotativas en la zona. Incluso admitió que otros compañeros habían estado apostados en días previos.

Miedo y pedido de intervención federal

En la denuncia, Luxen dejó asentado su temor por la seguridad de su familia y la propia. Manifestó no tener conocimiento de ninguna orden judicial o investigación en su contra que justifique la presencia policial en sus propiedades.

Lo que más preocupa al funcionario es la implicancia directa de la Policía provincial en el hecho. Por eso, pidió formalmente que las medidas de protección sobre sus domicilios sean encomendadas de manera exclusiva a fuerzas de seguridad nacionales.

La Justicia provincial ya inició las actuaciones para determinar quién ordenó ese despliegue y deslindar responsabilidades.