Vidal le abrió la puerta a un hotel de lujo frente al Perito Moreno: quién es el dueño que quedó al descubierto

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, habilitó la venta de hectáreas ubicadas frente al Glaciar Perito Moreno a una firma con capitales de Emiratos Árabes Unidos. El destino: un emprendimiento turístico de lujo en pleno Patrimonio de la Humanidad. La operación, lejos de ser un simple negocio inmobiliario, reavivó una discusión de fondo: quién controla tierras estratégicas de alto valor natural y hasta dónde puede avanzar el capital extranjero sobre el territorio argentino.

El decreto provincial permite que Lacustre del Sud S.A. le venda el inmueble a ASB Hospitality Calafate SAU, una sociedad constituida hace muy poco en el país. El proyecto apunta a un segmento de altísimo poder adquisitivo, con tarifas que podrían rondar los 2.000 dólares por noche.

El contexto agrava el panorama. La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que declaraba inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. Con ese fallo, la norma dejó de formar parte del conjunto de leyes que resguardan el Parque Provincial Magallanes y el Parque Nacional Los Glaciares. Desde el Conicet advirtieron que quedan vulnerados tratados como la Ley de Bosque Nativo, la zona de Seguridad de Frontera y otros acuerdos territoriales.

«No es solo de El Calafate, es una problemática nacional»

Pablo Perret, presidente de la Asociación Civil de Alojamientos Turísticos de El Calafate, fue tajante en diálogo con El Destape: «Esto no es solo de los ciudadanos de El Calafate, esto es una problemática nacional». Para el dirigente, la discusión excede el impacto económico sobre la actividad turística y toca un punto más sensible: la apropiación y el uso de tierras en una zona estratégica.

Vidal, vale recordarlo, respaldó la modificación de la Ley de Glaciares.

El reclamo llega en un momento delicado para el sector. «Esto sucede mientras que estamos en la peor crisis de turismo. Es un negociado, no hay que ser muy inteligente», disparó Perret. Según contó, las sospechas ya habían aparecido en una reunión del sector por 2025, a partir de una declaración del propio gobernador, que había reconocido que se gestaba un proyecto para atraer inversiones a la provincia.

Con un emprendimiento orientado al turismo de elite, la hotelería de El Calafate y Río Gallegos empezó a medir el posible efecto sobre comercios, alojamientos y trabajadores del rubro. Este medio se comunicó con la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHTRA), que nuclea a empresas de cuatro y cinco estrellas. Desde la entidad prefirieron no declarar por ahora porque están «interiorizándose del tema en particular», aunque anticiparon que llevan la situación a las autoridades nacionales.

Un proyecto con antecedente en los años 90

La iniciativa no es inédita. Ya en los 90 se había intentado levantar un complejo hotelero en la zona, cuando María Julia Alsogaray era secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano y su marido, Francisco Erize, presidía la Administración de Parques Nacionales. Aquel proyecto no prosperó. La Península de Magallanes, frente al lago Argentino y cerca de El Calafate, tiene tierras loteadas en manos privadas desde el inicio de su formación como reserva, en 1937.

El exdiputado provincial Oscar Bellini apuntó contra Vidal por una vía legal concreta: el artículo 30 de la Ley provincial 3466 establece que el Estado puede adquirir, en igualdad de condiciones, inmuebles dentro de áreas naturales protegidas cuando sus dueños deciden venderlos. Ese principio ya estaba en la antigua Ley 786, pensado para incorporar al patrimonio público tierras de interés excepcional para su conservación. Según Bellini, fue el propio Gobierno de Vidal el que rechazó comprar esas tierras, que hoy quedarían en manos del gigante turístico.

Santa Cruz creó la Reserva Provincial Península de Magallanes en 1993 y en 2003 conformó el Área Natural Protegida Península de Magallanes, integrada por el Parque Provincial y las reservas Zona Norte y Zona Sur. Hoy el área abarca 27.598 hectáreas de parque y 15.089 de reservas, bajo administración del Consejo Agrario Provincial.

«No importa que exista un estudio de impacto ambiental, porque toda acción antrópica, toda acción que los humanos generamos dentro de un ambiente tan sensible como eso, tiene consecuencias a futuro», sostuvo Bellini. El exdiputado aclaró que su cuestionamiento es ambiental y no tiene que ver con el origen del capital que compre las tierras.

En esa línea, advirtió que el impacto podría extenderse a todo el ecosistema frente a la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo. «Ese efecto ambiental es expansivo. En su momento fue diagnosticado como un bosque categoría roja por el Instituto Forestal Nacional y por muchísimos otros entes donde realmente no debería haber ningún tipo de acción», señaló.

La sociedad constituida 36 días antes del anuncio

La legisladora provincial de Unión por la Patria Agostina Mora aportó otro dato: la asociación que compraría las tierras se constituyó 36 días antes de que se anunciara el acuerdo comercial. También remarcó que el predio está dentro de un área protegida y cuenta con un plan de manejo.

Mora vinculó la operación con la discusión sobre la Ley de Tierras y sostuvo que, si la Corte no hubiera fallado en contra de esa normativa, la venta estaría alcanzada por las restricciones para zonas fronterizas. «El área de zonas fronterizas, como distintos marcos normativos, prohíbe la venta de tierras a extranjeros en áreas que estén lindantes a cuerpos de área de envergadura y permanentes», explicó.

La legisladora comparó el caso con el antecedente de Joe Lewis en Río Negro y anticipó que podrían evaluarse acciones tanto en la Legislatura como en la Justicia. «Ya se está hablando del nuevo Lago Escondido. Es un gobierno provincial que está yendo más allá de lo que pudo hacer el Gobierno nacional», afirmó a este medio.