Vidal firma un decreto para vender tierras en la Península de Magallanes y la izquierda apunta a un negocio inmobiliario

El gobernador Claudio Vidal firmó un decreto para vender tierras del Parque Península de Magallanes a capitales de Emiratos Árabes Unidos. La izquierda denuncia especulación inmobiliaria, pero hay un dato que el Gobierno no mencionó y que cambia todo el debate.

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Vidal firma un decreto para vender tierras en la Península de Magallanes y la izquierda apunta a un negocio inmobiliario
Vidal firma un decreto para vender tierras en la Península de Magallanes y la izquierda apunta a un negocio inmobiliario

El gobernador Claudio Vidal autorizó por decreto la venta de tierras dentro del Parque Provincial Península de Magallanes a capitales de Emiratos Árabes Unidos, una medida que despertó el rechazo de la izquierda y de sectores ambientales de Santa Cruz. La decisión, fechada el 1° de septiembre y publicada recientemente en el Boletín Oficial, fue cuestionada por la referente del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) y excandidata a diputada nacional, Gabriela Ance, quien la calificó como un avance de la especulación inmobiliaria sobre un territorio protegido.

En diálogo con el programa La Bisagra, Ance trazó un paralelismo directo entre la gestión provincial y la orientación económica del presidente Javier Milei. "Claudio Vidal es un adelantado a la política de Javier Milei. Rechazamos esta excepcionalidad sobre un territorio protegido por muchas leyes porque se trata de especulación inmobiliaria y negocios para el capital financiero internacional", afirmó.

Sin debate legislativo

La dirigente del FIT cuestionó la falta de transparencia con la que el Ejecutivo santacruceño manejó la resolución. Según advirtió, se evitó el debate público y el paso por la Legislatura provincial, lo que impidió la participación ciudadana y el control parlamentario sobre un bien estratégico defendido históricamente por la comunidad de El Calafate y organizaciones ambientalistas.

"Es una falta grave que el Gobierno maneje discrecionalmente el patrimonio de la provincia; ni siquiera pasaron este decreto por la Legislatura para que la ciudadanía tenga participación. Exigimos que se publiquen el expediente completo y los dictámenes correspondientes", reclamó.

Ance señaló que, aunque desde el punto de vista procedimental los funcionarios buscan resquicios legales para encuadrar la venta como una "excepcionalidad entre privados", la orientación política de fondo implica vulnerar un área protegida con más de tres décadas de resguardo ambiental normativo.

El argumento del empleo, en la mira

Consultada sobre los planteos oficiales que sostienen que la iniciativa privada impulsará la generación de empleo en la región, la dirigente desestimó esa premisa. "Decir que esto va a generar empleo es un argumento bastante flojo por parte del Gobierno. En Santa Cruz no hay un plan de industrialización ni de diversificación de la matriz productiva; al contrario, vemos que cada vez se pierden más puestos de trabajo", sostuvo.

En esa línea, agregó: "Un negocio empresarial en una parcela de El Calafate no va a resolver la desocupación. Esto viene de la mano de políticas como el RIGI, con exenciones impositivas y beneficios al gran capital donde las inversiones no llegan y las condiciones de vida de la gente se siguen deteriorando".

Llamado a movilizarse

La referente del FIT vinculó la situación provincial con el contexto nacional, cuestionando fallos judiciales recientes sobre la Ley de Tierras y las repercusiones del DNU 70/23 en la economía cotidiana de las familias trabajadoras, afectadas por la desregulación de alquileres, el endeudamiento y la quita de subsidios a los servicios públicos.

En ese marco, confirmó que desde la izquierda y diversos sectores sociales se están organizando asambleas y reuniones autoconvocadas para coordinar jornadas de movilización en las calles en rechazo al saqueo de los recursos naturales y en defensa de la soberanía territorial santacruceña.

"No podemos permitir que sigan avanzando con este tipo de decretos que permiten la extranjerización de la tierra y violentan la soberanía de nuestro pueblo. La gente está haciendo enormes esfuerzos para llegar a fin de mes, pero es fundamental que la ciudadanía conozca lo que pasa y exija poder decidir sobre sus recursos. Llamamos a los trabajadores a organizarnos y salir a las calles para ponerle un freno a este tipo de medidas", concluyó.

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