Veto total en Tierra del Fuego: por qué naufragó la ley que iba a dar tierras al IPVyH
La Legislatura lo aprobó por unanimidad, pero el Ejecutivo lo frenó con un argumento administrativo que nadie había advertido. El terreno que iba al IPVyH vuelve al punto de partida.
El Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego decidió dar de baja por completo la ley que autorizaba a ceder sin cargo un terreno fiscal de Ushuaia al Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH). La norma había salido del recinto legislativo con el respaldo de todos los bloques el 28 de octubre, pero el Ejecutivo la frenó al detectar un escollo administrativo: el predio figura como reserva fiscal y nunca se tramitó su desafectación.
La firma del veto quedó plasmada en el Decreto 2018/26, con fecha 16 de noviembre y la rúbrica de la vicegobernadora Mónica Urquiza, quien se encontraba a cargo del Ejecutivo.
Qué decía la ley que el Ejecutivo terminó descartando
El proyecto había nacido de una iniciativa del legislador justicialista Juan Carlos Pino. La norma disponía el traspaso del dominio del inmueble individualizado en Catastro como Departamento Ushuaia, Sección G, Macizo 14, Parcela 9, con su mensura correspondiente. El objetivo declarado era sumar superficie para atender la demanda de viviendas en la ciudad.
En sus argumentos, Pino había subrayado que el terreno tiene salida a la calle Juan Manuel Otero y que linda hacia el oeste con la parcela 13A del mismo macizo, ya en manos del IPVyH. Esa continuidad, según el legislador, permitiría unificar superficies y ganar terreno fiscal para edificar soluciones habitacionales en una zona de Ushuaia que ya cuenta con los servicios básicos.
Pino también había calificado el predio como un espacio remanente sin consolidar. A su entender, incorporarlo al patrimonio del instituto permitiría ordenar el crecimiento urbano y darle una función pública y social a una superficie que hoy no tiene un uso definido.
El informe de Catastro que trabó la transferencia
Tras la sanción legislativa, el análisis administrativo puso el foco en un punto que no había quedado resuelto. La Dirección General de Catastro, que depende de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), observó que el inmueble está anotado como reserva fiscal.
El organismo precisó que en los registros revisados no aparecía ninguna ley que hubiera dispuesto sacarlo de esa condición jurídica. Por eso recomendó que ese paso se hiciera de manera explícita, ya fuera antes de la transferencia o en forma simultánea.
Para el Ejecutivo, la falta de una norma específica sobre la desafectación dejaba demasiado flojos los requisitos legales para escriturar el pase del dominio al organismo de vivienda.
El Gobierno comparte el fin, pero pide otro camino
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo dejó en claro que no discute el objetivo habitacional de la ley ni el destino que se le quería dar al terreno. Lo que cuestiona es el procedimiento: sostiene que primero hay que resolver con el instrumento jurídico adecuado la desafectación de la parcela de su condición de reserva fiscal.
Con el veto total, la transferencia quedó sin efecto tal como había sido sancionada. Ahora la pelota vuelve a la Legislatura, que deberá volver a tratar la iniciativa para destrabar el traspaso.