Vetó la recuperación de un lote fiscal, pero era de una funcionaria de su propio gobierno

El intendente de El Chaltén, Néstor Tico, vetó por completo una ordenanza del Concejo Deliberante que ordenaba recuperar un terreno fiscal ocupado por la secretaria de Obras Públicas municipal, Leticia Forto. La medida se conoció este martes y encendió una fuerte polémica política en la localidad cordillerana.

La parcela en cuestión tiene 800 metros cuadrados y está identificada como Parcela N°4 de la Manzana N°10, Circunscripción III. Según denunciaron los concejales, Forto la ocupa desde 2020, pese a que un acuerdo del Consejo Agrario Provincial ya había declarado esas tierras como fiscales y libres de adjudicación.

El edil Ignacio Moreno Hueyo, uno de los impulsores de la ordenanza, calificó la decisión de Tico como de una gravedad institucional enorme. "El Ejecutivo utiliza el veto para impedir la recuperación de un lote fiscal ocupado por una integrante de su propio gobierno", lamentó.

Antecedentes del conflicto

La ordenanza que ahora fue vetada había sido aprobada a mediados de agosto por los concejales Moreno Hueyo, Elizabeth Romanelli y Heber Zella, quienes votaron a favor de un dictamen que había quedado en minoría en comisiones. El texto establecía que el terreno debía volver a manos del Ejecutivo municipal.

El reclamo no es nuevo. Ya en diciembre de 2019, el Acuerdo N.º 098 del Consejo Agrario Provincial dispuso la caducidad de la adjudicación anterior y declaró expresamente la tierra como "Fiscal y Libre de Adjudicación". Además, la Asesoría Legal del Concejo Deliberante había dictaminado que correspondía incorporar la parcela al Banco de Tierras Municipal.

"Cuando quienes tienen la obligación de hacer cumplir las normas de tierras son los primeros en desconocerlas, el mensaje hacia la comunidad es devastador", remarcó Moreno Hueyo.

Críticas al oficialismo

El concejal también apuntó contra aquellos ediles que hoy forman parte del oficialismo y que, según dijo, cambiaron de postura en el camino. "La contradicción es difícil de justificar: cuando se trataba de pedir la restitución acompañaron; cuando llegó el momento de hacerla obligatoria, dejaron de hacerlo", señaló.

En esa línea, sostuvo que el veto no responde al problema central, que es el conflicto de intereses. "No explica por qué una funcionaria del propio Ejecutivo intervino en actuaciones vinculadas con su pretensión sobre el terreno utilizando membrete y sello de su Secretaría, ni dónde está el acto que le habría otorgado legalmente esa parcela", afirmó.

Para Moreno Hueyo, la situación "debilita al que espera y cumple la ley, se fortalece al que ocupa primero y discute después, y se alimenta desde el propio Estado un ecosistema proclive a las tomas". Y cerró: "Un funcionario público no puede encontrarse de los dos lados del mostrador: ejerciendo responsabilidades sobre la administración del suelo urbano y, simultáneamente, siendo interesado particularmente en las decisiones que esa misma administración debe adoptar".