Vendía un sommier y cayó en una trampa digital: la Justicia puso el foco en el banco

Una vecina de Neuquén intentó vender un sommier por internet y terminó perdiendo miles de pesos. La Justicia determinó que la entidad bancaria es la principal responsable de la estafa.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones ratificó un fallo que responsabiliza al banco en un 70% por la maniobra fraudulenta, mientras que el 30% restante recayó sobre la clienta. Los jueces Patricia Clérici y Pablo Furlotti analizaron el caso y confirmaron las irregularidades en los controles internos de la entidad financiera.

La víctima había publicado la venta de un sommier en plataformas digitales. Un supuesto comprador la contactó y simuló una transferencia equivocada de 150 mil pesos, lo que dio inicio a una cadena de engaños.

¿Cómo fue la maniobra?

Un falso gestor se comunicó con la mujer y le prometió revertir el error. Para ello, le pidió que generara un token y que compartiera sus claves secretas. Con esa información sensible, los ciberdelincuentes accedieron a su cuenta sueldo.

En cuestión de minutos, los estafadores solicitaron un crédito preaprobado, un adelanto de sueldo y transfirieron los fondos a cuentas virtuales. La secuencia de operaciones, según los camaristas, debió haber encendido todas las alarmas del sistema bancario.

¿Qué falló en el banco?

La entidad apeló el fallo argumentando que no hubo vulneración de sus sistemas y que el daño fue consecuencia de la entrega voluntaria de las claves. Sin embargo, los jueces consideraron que el banco incumplió las normativas del Banco Central.

El tribunal señaló que la generación del token, el cambio de clave, la aprobación de préstamos y las transferencias masivas en pocos minutos constituyen un patrón de conducta totalmente inusual para una cuenta sueldo. Además, destacaron que la entidad no realizó la verificación fehaciente de identidad ni respetó los plazos de confirmación para los desembolsos.

“Pausar la acreditación automática hubiera evitado la concreción del delito”, subrayaron los magistrados, reafirmando que las entidades financieras deben garantizar la seguridad de sus clientes frente a este tipo de amenazas.