Vendía cocaína en el Penal de Chimbas: la maniobra con los pagos que lo delató

El hijo de un reconocido bodeguero sanjuanino sumó un nuevo capítulo judicial. Se trata de Facundo Martín Torraga, quien ya acumula dos condenas y desde hace tiempo está alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. Ahora, la Justicia Federal lo señaló como presunto integrante de una organización que comercializaba cocaína dentro del Penal de Chimbas y pidió que sea llevado a juicio junto a otras 19 personas.

La acusación fue presentada por el fiscal federal Fernando Gabriel Alcaraz y la auxiliar fiscal María Florencia Compaired, quienes dieron por cerrada la investigación. Los cargos son por presunto narcotráfico y lavado de activos. Según la hipótesis del Ministerio Público, la estructura operaba adentro y afuera del penal, con un circuito de venta de estupefacientes y movimientos de dinero a través de billeteras virtuales.

Torraga no llega a esta causa con prontuario limpio: tiene una condena por violencia de género y otra por abuso sexual y amenazas contra una expareja. Por ese segundo caso recibió ocho años de prisión efectiva, motivo por el cual estaba alojado en el penal. La Fiscalía pidió que, si es condenado en esta nueva causa, sea declarado reincidente.

La presunta venta de droga puertas adentro

El expediente ubica uno de los principales puntos de actividad en el pabellón 4, sector 2. Allí, Rodolfo Daniel Carrizo habría coordinado las operaciones, mientras que Torraga y Gabriel Antonio Villarroel, también detenidos en ese sector, presuntamente vendían cocaína y cobraban a través de cuentas de Mercado Pago y Naranja X.

Todo empezó con denuncias anónimas que alertaban sobre transferencias de dinero vinculadas con la compra de drogas dentro del establecimiento. Una de ellas mencionaba una cuenta usada por Torraga y apuntaba a Carrizo como el organizador de la comercialización.

Entre las pruebas reunidas hay escuchas telefónicas, análisis de movimientos financieros y pericias sobre dispositivos electrónicos. En un procedimiento en la celda 13, donde estaba alojado Torraga, los investigadores secuestraron un teléfono Motorola E5 escondido dentro de una madera de la mesa. El equipo tuvo que ser reparado para intentar recuperar su contenido, pero igual se obtuvieron mensajes, registros de llamadas y contactos.

Otro hallazgo se produjo en el taller de capacitación del pabellón: encontraron 92 envoltorios pequeños y un paquete más grande con cocaína, ocultos dentro de tres rodillos de pintura. Los análisis determinaron que la sustancia estaba mezclada con levamisol y, para los investigadores, pertenecería a la estructura que presuntamente encabezaba Carrizo.

Por estos hechos, la acusación contra Torraga es por comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas y por haberse cometido dentro de un establecimiento penitenciario, en calidad de partícipe primario. La Fiscalía pidió seis años y seis meses de prisión, una multa de 150 unidades fijas y la declaración de reincidencia.

Una red que salía de la cárcel

El expediente describe una organización que habría extendido sus actividades a distintos puntos de San Juan. Según la acusación, el circuito externo tenía presencia principalmente en el barrio Noreste III de Santa Lucía y en el barrio 7 Conjunto II de Chimbas.

En ese núcleo aparecen Oscar Nahuel Carrizo, su pareja Carla Luciana Brizuela Robledo y Marisa Matilde Robledo, madre de esta última. La Fiscalía les atribuye distintos roles en la adquisición, distribución y comercialización de estupefacientes. También menciona a otras personas que presuntamente vendían cocaína, administraban ganancias, hacían transferencias y custodiaban inmuebles donde se almacenaba la droga.

Durante la investigación se secuestraron más de cuatro kilos de cocaína en una propiedad del barrio Noreste III y aproximadamente medio kilo en otro domicilio. Para los investigadores, esos lugares formaban parte de la infraestructura usada para resguardar las sustancias.

La causa también incluye una línea por presunto lavado de activos. La hipótesis fiscal sostiene que parte de las ganancias del narcotráfico habría sido canalizada a través de billeteras virtuales y cuentas a nombre de terceros. Además, se investigaron compras de inmuebles y vehículos que podrían haber servido para introducir dinero de origen ilícito en el circuito formal.

Entre los bienes relevados figuran lotes en el Loteo Fénix, en Santa Lucía, y distintos vehículos. Según el cálculo de la Fiscalía, las operaciones patrimoniales analizadas equivaldrían a 369,7 salarios mínimos, vitales y móviles al momento de concretarse.

Con el cierre de la investigación y el pedido de elevación a juicio, el expediente avanzó hacia la etapa de control de la acusación y la preparación del debate oral. La responsabilidad penal de Torraga y de los otros imputados deberá determinarse en el juicio: los cargos y las penas solicitadas por la Fiscalía no constituyen una condena en esta causa.