Vecinos llamaron al 911 por disturbios en Cipolletti y terminó imputado: qué pasó con la policía

Un hombre de Cipolletti quedó imputado por agredir a una oficial de la Policía de Río Negro y dañar un patrullero durante un operativo en el barrio 2 de Febrero. El episodio ocurrió el domingo 27 de septiembre, cerca de las 8:10 de la mañana, y la Justicia le impuso pautas de conducta mientras avanza la investigación.

Todo empezó con llamados de vecinos al 911, que alertaron por una persona causando disturbios en la vía pública. Cuando efectivos de la Comisaría 45° del barrio Anai Mapu llegaron al lugar e intentaron identificarlo, el sospechoso reaccionó con violencia para evitar el control.

Cabezazo, patadas y un patrullero dañado

En medio del forcejeo, el hombre le dio un cabezazo en el rostro a una sargento y le provocó una lesión en el pómulo derecho. Lejos de frenar, siguió atacando a patadas el móvil policial hasta que lograron reducirlo y trasladarlo a la dependencia.

El parte médico confirmó que la funcionaria sufrió un hematoma en la zona ocular derecha, aunque no necesitó hospitalización. Al imputado, en tanto, el examen médico le detectó signos de ingesta de alcohol y medicamentos, pero ninguna lesión física.

Qué resolvió la Justicia

En la audiencia, la fiscal de turno Alejandra Altamira y la adjunta Florencia Piantoni calificaron el accionar como atentado a la autoridad agravado por poner manos en la autoridad, en calidad de autor. La acusación se apoyó en los testimonios del personal policial, las declaraciones de vecinos del barrio y los certificados médicos.

La fiscalía pidió como medida cautelar pautas de conducta, entre ellas presentarse una vez al mes a firmar en la sede judicial. El defensor oficial Rodrigo Martínez cuestionó la tipificación y planteó que correspondería una readecuación legal para diferenciar una resistencia a la autoridad de un atentado, aunque aceptó las medidas cautelares.

La jueza de garantías Amorina Sánchez Merlo dio por formulados los cargos, dispuso las pautas de presentación solicitadas y habilitó la investigación penal preparatoria por cuatro meses.