Vecinos del barrio Don Pedro denunciaron vertidos al río: qué encontraron tres veces en el agua
Los vecinos del barrio Don Pedro vienen reclamando desde julio de 2025 por los vertidos al río Gualeguaychú y la Justicia les dio la razón: la planta del Parque Industrial seguirá clausurada, pero lo que apareció en el agua tres veces distintas es lo que tiene en vilo a la ciudad.
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la clausura preventiva de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú (PIG), una medida que había dispuesto el juez federal Hernán Viri el 24 de agosto pasado a pedido del fiscal Pedro Rebollo. Los camaristas Mateo José Busaniche y Cintia Graciela Gómez rechazaron las apelaciones de tres integrantes de la Comisión Administradora del PIG y del presidente de la Corporación de Desarrollo de Gualeguaychú (CODEGU), y de ese modo la planta seguirá cerrada hasta que se acredite que los vertidos reciben un tratamiento adecuado.
El fallo llega después de más de un año de denuncias, allanamientos y muestras de agua que encendieron todas las alarmas. El origen de la causa se remonta a julio de 2025, cuando vecinos del barrio Don Pedro —lindero al predio— alertaron que la planta volcaba efluentes industriales sin tratar al río Gualeguaychú.
Qué revelaron los análisis
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú. Tras un allanamiento, la muestra tomada el 27 de agosto de 2025 arrojó valores fuera de los parámetros permitidos por la normativa provincial y nacional, además de la presencia de plomo y bacterias como la escherichia coli, perjudiciales para la salud.
El 19 de noviembre de 2025 se ordenó un nuevo operativo en el predio y en distintos puntos estratégicos del río. Y el 9 de junio pasado, ante la posibilidad de un nuevo vertido contaminante, personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Gualeguaychú de la Policía Federal y de la Subsecretaría de Ambiente municipal tomaron muestras en el ingreso del barrio Don Pedro. El análisis volvió a detectar escherichia coli y también aluminio, cromo, cobre, plata, selenio y zinc, sustancias altamente peligrosas para la población.
Las audiencias y el pedido de indagatoria
El 13 de febrero y el 23 de abril pasados se realizaron dos audiencias públicas entre los vecinos afectados y las autoridades del predio para acordar un plan de acción. En la segunda, el Ministerio Público Fiscal pidió la clausura al considerar que los plazos para las obras de acondicionamiento no se habían respetado. El 14 de agosto, el fiscal Rebollo solicitó la indagatoria de trece personas —integrantes de la Comisión Tripartita Administradora del PIG y del Consejo Superior de la CODEGU— por una "conducta sostenida y sistemática de infracción a las normas ambientales vigentes".
También remarcó que el Certificado de Aptitud Ambiental del predio, emitido por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos en noviembre de 2019, estaba vencido y sin renovación tramitada.
El juez Viri dispuso entonces la clausura preventiva "con el objeto de hacer cesar los daños y riesgos al ambiente y la salud humana", y estableció que, mientras la planta no regularice su funcionamiento, cada industria del parque podrá disponer de sus residuos a través de empresas habilitadas.
El dictamen del fiscal general y el fallo de la Cámara
El 16 de septiembre pasado, el fiscal general José Ignacio Candioti dictaminó que la medida debía confirmarse. Sostuvo que se probó "de forma fehaciente y mediante pruebas científicas el daño ambiental en la zona del Parque Industrial de Gualeguaychú, en al menos, tres oportunidades", y advirtió sobre "un alto grado de contaminación biológica y presencia de sustancias altamente infecciosas o potencialmente nocivas para la salud y la vida de los ciudadanos de Gualeguaychú, principalmente, los habitantes del barrio Don Pedro".
Al confirmar la clausura, el camarista Busaniche —con la adhesión de Gómez— señaló que las pruebas científicas dan cuenta de "un daño ambiental concreto y persistente" y que los testimonios de especialistas permiten acreditar el nexo causal entre la contaminación registrada en la Cañada (calles Las Magnolias y Los Cedros) y los vertidos de la planta. Además, remarcó que el establecimiento opera con su Certificado de Aptitud Ambiental vencido desde 2021, lo que refleja "un desapego a los estándares mínimos de control estatal".
Fuente: Uno Entre Ríos.
