Vecinos de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera se plantaron en Tribunales: qué dice el fallo que los dejó sin defensa

Familias de Colonia Ensayo y Aldea Brasilera se concentraron frente a Tribunales de Paraná para rechazar una decisión judicial que anuló las medidas que impedían pulverizar a menos de 1.095 metros de sus casas. Los amparistas advirtieron que la resolución los deja expuestos a nuevas fumigaciones y anticiparon que llevarán el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entre los manifestantes estuvieron Ariel Gareis y Gimena Rosso, dos de los vecinos que impulsaron los amparos para frenar las aplicaciones de agroquímicos en las inmediaciones de sus domicilios. Ambos coincidieron en que el fallo borró de un plumazo protecciones que habían sido reconocidas en cuatro resoluciones anteriores.

“Queremos manifestarnos por las medidas de seguridad que nos sacaron. Teníamos un amparo de 1.095 metros que nos resguardaba de las pulverizaciones”, explicó Gareis a Elonce.

El caso de la nena de 10 años

El hombre contó que su hija, de 10 años, tiene un daño genético acreditado por estudios médicos. Según relató, empezó a investigar después de notar que la nena se descompensaba cada vez que se fumigaba cerca de la casa.

“Notaba que cada vez que pulverizaban, cuando había mucho olor, la nena se descomponía. Empecé a averiguar y terminamos viajando a Córdoba para hacerle un estudio de daño genético”, recordó.

El análisis confirmó alteraciones genéticas. Tiempo después se hicieron nuevos estudios en Paraná que, según el testimonio del padre, no permitieron descartar la exposición a agroquímicos como posible factor. La abogada Aldana Sacia habría presentado la documentación médica de la menor en el expediente.

El temor a una nueva fumigación

Los amparistas señalaron que, con las medidas anuladas, quedaron a merced de las aplicaciones en los campos linderos. Según indicaron, un productor ya notificó que pulverizaría con un producto de banda azul, lo que establece un plazo de 48 horas.

“Para nosotros significa que en breve nos van a estar fumigando nuevamente. Nos quitaron las medidas de protección que habíamos ganado en cuatro sentencias anteriores”, sostuvo Rosso.

La mujer explicó que el reclamo busca una resolución urgente, sobre todo en el expediente de la familia Gareis, que aún no estaría cerrado. “La Justicia tiene la oportunidad de revocar el fallo y permitir que esta niña siga contando con protección”, remarcó.

Consultada sobre la clasificación por bandas de colores, Rosso detalló que los productos se identifican con bandas verde, azul, amarilla y roja según su toxicidad aguda. El producto anunciado para la próxima aplicación sería de banda azul. Los vecinos pidieron que, por la cercanía de las viviendas y la presencia de chicos, se aplique un criterio preventivo que contemple los riesgos sanitarios y ambientales.

“No sabemos para dónde ir”

Gareis repasó episodios que vivió cerca de su casa. “Una noche metieron un dron detrás de mi casa, a las 11, con viento hacia la vivienda. No se podía estar y tenía a la nena descompuesta. No sabés para dónde ir porque buscás aire y no lo encontrás”, contó.

También recordó cuando salió en bicicleta y se topó con una máquina que fumigaba con el equipo abierto. “¿Dónde te resguardás ante una situación así?”, se preguntó. Como padre, les pidió a los productores y a las autoridades que piensen en las consecuencias para las familias que viven en zonas rurales y periurbanas. “Que piensen un poco. También deben tener hijos o nietos. No es nada lindo atravesar una situación de este tipo”, expresó.

Reclamo hasta la Corte Suprema

Los vecinos solicitaron al juzgado que revise la resolución y mantenga las medidas de protección mientras sigue el trámite. Además, anticiparon que presentarán el planteo ante la Corte Suprema. “Vamos a continuar hasta la Corte Suprema para que se revea el caso. No puede ser que en cuatro sentencias anteriores se haya considerado perjudicial fumigar a menos de 1.095 metros y ahora se sostenga que hacerlo a 10 metros es inofensivo”, planteó Rosso.

La manifestante aclaró que, por ahora, las familias siguen sin la protección que tuvieron durante más de dos años. “Hoy nos avisan que nos van a fumigar y somos nosotros quienes tenemos que irnos de nuestras casas o tomar medidas precautorias”, agregó.

Los amparistas también rechazaron que la sentencia les haya impuesto las costas del proceso. Para ellos, esa decisión busca desalentar nuevos reclamos. “Esta sentencia es una medida de castigo porque, además, impusieron las costas a las partes. Quieren que hagamos silencio, pero no lo vamos a aceptar”, sostuvo Rosso.

Las familias ratificaron que mantendrán el reclamo judicial y las protestas públicas para recuperar las distancias de resguardo. La discusión seguirá en los tribunales, donde deberá definirse si las medidas preventivas quedan anuladas o vuelven a aplicarse mientras se revisa el expediente.