Vecinos de Alto Comedero van a la Justicia: detectan recargos de hasta $6.000 en boletas de luz, agua y gas

La Comisión “Vecinos Unidos por Alto Comedero” anunció que evalúa presentar denuncias penales tras detectar recargos de entre $4.000 y $6.000 en las facturas de servicios esenciales. El presidente de la organización, Oscar Rodríguez, aseguró que los sobrecargos no corresponden al consumo básico y que serán auditados por contadores.

¿Qué encontraron en las facturas?

Rodríguez explicó que los montos adicionales aparecen en las boletas de energía eléctrica, agua potable y gas de red. Según el dirigente, esos recargos “terminan repartiéndose entre la Municipalidad y el Gobierno”. Por eso, la comisión contratará a profesionales contables para analizar los porcentajes exactos de las tasas aplicadas por la comuna capitalina y la Provincia.

Si se confirman irregularidades, la denuncia penal apuntará contra los organismos responsables y también se elevarán reclamos ante la SUSEPU y la empresa EJESA. Además, Rodríguez cuestionó la falta de control de los concejales capitalinos frente a los incrementos y su escasa presencia territorial en el distrito.

Transporte: “injustificado” el aumento del boleto

El referente vecinal también se refirió a la reciente suba de la tarifa del transporte urbano. Calificó el incremento como “injustificado” y señaló que las empresas El Urbano y Santa Ana no cumplen con las frecuencias ni ofrecen unidades en condiciones para conectar Alto Comedero con el centro de la ciudad.

Municipalización: el proyecto que vuelve a escena

Desde la organización reafirmaron que la solución de fondo para el barrio, que ya supera los 130.000 residentes, es la municipalización. La propuesta plantea crear una comuna con un esquema de gobierno digital y transparente, donde los vecinos puedan auditar en tiempo real los sueldos de la planta política, las licitaciones y la ejecución presupuestaria a través de plataformas web.

Rodríguez adelantó que ingresarán notas formales ante el Concejo Deliberante, la Intendencia y la Legislatura para exigir el tratamiento de la norma que dicte la autonomía municipal del sector.