Varillas, un cuchillo y una madre en terapia: el juicio que definirá todo

El 28 de septiembre, María Eugenia Castro y María Gilda Márquez se sentarán ante un jurado popular por el intento de homicidio de Roxana Murúa. El hecho ocurrió en enero de 2025 en el Salón de Usos Múltiples del Barrio 140 Viviendas, en El Bañado, Valle Viejo, y conmocionó a la provincia.

Esta semana, en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, se realizó la audiencia de admisión de evidencias. Allí, el fiscal de Cámara Augusto Barros sostuvo la teoría del caso. El camarista Miguel Lozano Gilyam será el juez director del debate, que se desarrollará en la sala de la OGA con 12 jurados titulares y cuatro suplentes, elegidos con paridad de género entre 90 preseleccionados.

Qué dice la investigación

Según la pesquisa, todo comenzó con una discusión entre el hijo de Murúa, de 13 años, y un adolescente de 16. Ese joven habría regresado luego al lugar acompañado por Márquez, Castro y Facundo Ariel Monasterio. Los tres portaban varillas de hierro; Márquez, además, habría llevado un cuchillo tipo "sierrita".

De acuerdo con la investigación, cuando Murúa intentó proteger a su hijo, Castro la habría golpeado en la mandíbula y la nuca con un fierro. Márquez, aprovechando que la mujer quedó indefensa, la habría apuñalado varias veces, entre ellas en el tórax. Murúa fue internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y su vida corrió peligro.

La causa pasó primero al Tribunal Penal Juvenil por la presunta participación del adolescente, con el fiscal Guillermo Narváez a cargo. Luego, la Cámara de Apelación Penal Juvenil sobreseyó al chico y el expediente se elevó a juicio con tres acusados adultos. Los tres están imputados por "homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa". Márquez como autora, Castro como partícipe necesaria y Monasterio también como partícipe necesario.

Detenidas y con prisión preventiva

Madre e hija están detenidas desde enero de 2025 en la Unidad Penitenciaria Nº 2, conocida como Correccional de Mujeres. Habían pedido el cese de la detención o la prisión domiciliaria, pero no prosperó.

El 29 de junio, según un acta del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), se registró un violento episodio en el pabellón de imputadas: Márquez y Castro arrojaron sillas, mesas y objetos por el pasillo, amenazaron al personal y agredieron a varias agentes con golpes de puño y patadas. Castro, según el acta, intentó atacar con un cepillo de dientes afilado en punta. Ambas terminaron sedadas por vía intramuscular. Esa misma noche, agentes penitenciarios presentaron al menos seis denuncias penales cruzadas ante la Unidad Judicial Nº 5.

Tras el incidente, el SPP gestionó cupo en La Rioja, que respondió afirmativamente el 2 de julio. La institución ofrecía alojamiento transitorio por tres meses, prorrogable, siempre que las internas respetaran la disciplina. El pedido se basó en "conductas reiteradas de inadaptación al régimen interno vigente" que, según el escrito, comprometían la seguridad y el orden del establecimiento, en los términos de la Ley Nacional 24.660. El fiscal Barros, en tanto, pidió que las acusadas fueran alojadas en la Comisaría de la Mujer.

El juez Lozano Gilyam rechazó tanto el traslado a La Rioja como el pedido de Barros. Además, la Sala Penal de la Corte de Justicia rechazó por mayoría el recurso de casación de la defensa que buscaba el cese de la prisión preventiva. Los ministros Martel y Saldaño sostuvieron que la resolución cuestionada tenía razones concretas y suficientes —el intento de fuga en los primeros momentos de la investigación, el ocultamiento de elementos del delito y el carácter violento del hecho atribuido— y que la defensa no logró rebatirlas. Así, las imputadas seguirán detenidas hasta el juicio.