Valdés aumentó la luz en Corrientes: quiénes pagarán más y qué pasará con la "zona fría"

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) reglamentó un nuevo cuadro tarifario que golpeará el bolsillo de todos los usuarios de la provincia durante agosto, septiembre y octubre. El aumento alcanza a hogares, comercios, industrias y al sector productivo, en un contexto de caída de la actividad y reclamos empresarios que aún no tuvieron respuesta.

Según la fundamentación oficial, la suba se debe a los incrementos en los precios de la energía en el mercado eléctrico mayorista, donde la DPEC compra parte de la electricidad que distribuye. La medida se conoce en medio de la crisis económica que atraviesa la gestión de Juan Pablo Valdés y mientras los sectores productivos advierten por el impacto en sus costos.

El reclamo de los aserraderos: facturas que se duplicaron

A fines de agosto, dueños de aserraderos de Santo Tomé pidieron una reunión con autoridades provinciales y de la DPEC después de recibir boletas de julio con subas que, según denunciaron, llegaron al 100%. El planteo lo hicieron durante la visita del gobernador a esa localidad sobre el río Uruguay. Si bien después fueron recibidos por funcionarios y técnicos de la empresa energética, hasta ahora no obtuvieron propuestas concretas de refinanciación ni programas especiales para afrontar las facturas.

Esta semana, empresarios de aserraderos de Gobernador Virasoro y su zona de influencia hicieron un reclamo similar. La respuesta de la DPEC habría sido que, por el momento, no existen cuadros tarifarios especiales para grandes usuarios.

La "zona fría" sigue sin aplicarse

En paralelo, continúa pendiente la implementación del régimen de "zona fría" para Corrientes. El beneficio, anunciado como una tarifa energética diferencial para los meses de mayor consumo, había sido comprometido por el Gobierno nacional. El gobernador reconoció que el acuerdo existe, pero que todavía no comenzó a aplicarse.

El endeudamiento de los hogares, otra variable crítica

El peso de las deudas se volvió un problema central para la economía cotidiana de los correntinos. Según datos de la plataforma Mapa de la Deuda —desarrollada por el Centro de Estudios para la Ciudad y la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung sobre registros de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA)—, en la provincia hay 437.777 deudores únicos. De ese total, 132.850 personas (el 30,35%) presentan atrasos en sus pagos.

El mapa muestra dos realidades bien diferenciadas. Las ciudades con mayor cantidad de deudores son los principales centros urbanos: Capital encabeza con 176.853, seguida por Goya con 46.796 y Mercedes con 21.781. En cambio, cuando se mide dónde la deuda resulta más difícil de pagar, las tasas de mora relativa más altas se desplazan hacia la costa del río Uruguay: Santo Tomé registra la más elevada, con un 24,95% sobre el dinero prestado, seguida de cerca por General Alvear (24,43%) e Ituzaingó (21,93%). En el extremo opuesto, el departamento de Lavalle tiene el nivel de morosidad más bajo de la provincia, con un 15,16%.

El estudio destaca que el mayor porcentaje de atraso no proviene prioritariamente del sistema bancario tradicional, sino de los proveedores no financieros de crédito y de las tarjetas emisoras no bancarias. En proveedores no financieros, la Capital registra un 51,52% de mora, mientras que Santo Tomé e Itatí alcanzan un 47,61%. En tarjetas no bancarias, San Miguel presenta un pico del 59,61%, General Alvear un 57,61% y San Luis del Palmar un 47,2%.

El monto total prestado en la provincia asciende a $1,48 billones, de los cuales $286.000 millones corresponden a cartera irregular. Esto implica que el 19,38% del dinero volcado al crédito está en situación de mora.